El director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), organismo dependiente del Tribunal Supremo Electoral, Juan Carlos Pinto, afirmó que en el trabajo de observación a la consulta que realizan las 15 brigadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se evidenció la existencia de tres nuevas comunidades al interior del Tipnis. De acuerdo a los datos proporcionados por la autoridad, estos grupos poblacionales serían indígenas y no así colonizadores, por lo cual reunirían todas las características necesarias para ser contempladas en el proceso de posconsulta, aunque el Ministerio de Obras Públicas tendría que tomar una determinación definitiva al respecto.
¿Una ampliación? La máxima autoridad del SIFDE también aseguró que no debería contemplarse un tiempo límite para la realización de este proceso, ante la disconformidad de algunos originarios que piden el cumplimiento del fallo constitucional que manda buscar consensos.
Sobre el avance del proceso, Pinto detalló que hasta el momento se logró consultar a 29 comunidades. Cuatro grupos de observación del TSE ya finalizaron el trabajo, dos del lado de Cochabamba y la misma cantidad en Beni, ocho equipos se encontrarían todavía al interior del Tipnis, y tres grupos, en la región de Gundonovia, aún no iniciaron su labor.
¿Modificar la ley? El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, aclaró, por su parte, que cualquier ampliación a la consulta para la construcción o no de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) debe pasar por la modificación de la Ley 222.
"Cualquier modificación de programas sobre la consulta, corresponde al Órgano Ejecutivo en coordinación con los pueblos indígenas y en caso de requerirse esa ampliación tiene que pasar por la modificación de la Ley 222", explicó a los periodistas.
Ovando se refirió al tema, en alusión a versiones difundidas por los medios, que anunciaron que algunos pueblos de tierras bajas solicitarán una "ampliación" de tiempo para la consulta, para abarcar a todas las comunidades de esa región del país.
jueves, 16 de agosto de 2012
Pueblos indígenas defienden su territorio en Colombia
Los campesinos e indígenas concentrados desde hace una semana en la playa del río El Pescador en Huila exigieron ayer al Gobierno de Colombia que ponga fin a lo que consideran un “abuso de fuerza” de la Policía, que el lunes protagonizó una represión que dejó 25 heridos.
El llamado Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra, que congrega al Comité Regional Indígenas del Huila (Crihu) y a la Asociación de Afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), expuso en un comunicado: “A pesar de la respuesta de la represión del Gobierno, resistimos con dignidad”.
Estos manifestantes, que suman 2.500 según sus cuentas, piden que el ministro colombiano del Interior, Federico Renjifo, entable un diálogo directo con ellos para buscar soluciones a sus problemas sociales derivados del conflicto armado colombiano y reconsiderar los planes energéticos en la región del Huila.
“Los participantes de la minga se mantienen en asamblea permanente por la defensa del territorio, el río Magdalena, el Macizo Colombiano, el páramo de Miraflores y las comunidades afectadas por los megaproyectos”, indica el comunicado.
Asimismo, solicitan la cancelación de la licencia para la filial Emgesa, con capital español e italiano, para la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Magdalena; el fin de los estudios de Hidrochina para construir nueve embalses más, y denuncian los daños sociales y medioambientales de la extracción de crudo por parte de la petrolera china Emerald Energy.
Defensa de soberanía
El Gobierno de Juan Manuel Santos identificó como uno de los motores de la economía el sector minero-energético a través de la inversión extranjera, lo que este grupo entiende como una forma de “usurpar la soberanía y riquezas del país para entregarlas a las multinacionales”.
Los indígenas y campesinos bloquearon el lunes por tercera vez una vía que une el departamento del Huila con el Caquetá y el Cauca, en protesta porque el Gobierno “no se sienta a hablar con los indígenas en ninguna parte del país”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) llegó entonces a desalojar la concentración, y como consecuencia resultaron heridas 25 personas, entre ellas dos indígenas y dos policías.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Colombia, Frank Pearl, dijo en declaraciones a la emisora La FM que entre los manifestantes había “indígenas traídos del Cauca”, y apuntó que algunos grupos armados ilegales pueden estar instigando las protestas.
Los indígenas exigen al Gobierno una posición definitiva sobre el conflicto medioambiental, y solicitan al presidente Juan Manuel Santos que respete sus derechos y comunidades.
El llamado Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra, que congrega al Comité Regional Indígenas del Huila (Crihu) y a la Asociación de Afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), expuso en un comunicado: “A pesar de la respuesta de la represión del Gobierno, resistimos con dignidad”.
Estos manifestantes, que suman 2.500 según sus cuentas, piden que el ministro colombiano del Interior, Federico Renjifo, entable un diálogo directo con ellos para buscar soluciones a sus problemas sociales derivados del conflicto armado colombiano y reconsiderar los planes energéticos en la región del Huila.
“Los participantes de la minga se mantienen en asamblea permanente por la defensa del territorio, el río Magdalena, el Macizo Colombiano, el páramo de Miraflores y las comunidades afectadas por los megaproyectos”, indica el comunicado.
Asimismo, solicitan la cancelación de la licencia para la filial Emgesa, con capital español e italiano, para la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Magdalena; el fin de los estudios de Hidrochina para construir nueve embalses más, y denuncian los daños sociales y medioambientales de la extracción de crudo por parte de la petrolera china Emerald Energy.
Defensa de soberanía
El Gobierno de Juan Manuel Santos identificó como uno de los motores de la economía el sector minero-energético a través de la inversión extranjera, lo que este grupo entiende como una forma de “usurpar la soberanía y riquezas del país para entregarlas a las multinacionales”.
Los indígenas y campesinos bloquearon el lunes por tercera vez una vía que une el departamento del Huila con el Caquetá y el Cauca, en protesta porque el Gobierno “no se sienta a hablar con los indígenas en ninguna parte del país”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) llegó entonces a desalojar la concentración, y como consecuencia resultaron heridas 25 personas, entre ellas dos indígenas y dos policías.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Colombia, Frank Pearl, dijo en declaraciones a la emisora La FM que entre los manifestantes había “indígenas traídos del Cauca”, y apuntó que algunos grupos armados ilegales pueden estar instigando las protestas.
Los indígenas exigen al Gobierno una posición definitiva sobre el conflicto medioambiental, y solicitan al presidente Juan Manuel Santos que respete sus derechos y comunidades.
Aparecen tres comunidades nuevas que piden la consulta
Comunarios del TIPNIS participan en la consulta.
A 15 días de haberse iniciado el proceso de consulta, el Órgano Ejecutivo verifica en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) la aparición de tres comunidades nuevas que no estaban incluidas en el protocolo de consulta dentro de esa reserva natural.
La información la dio a conocer el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que por la Ley 222 participa en el proceso en calidad de acompañante y observador de la consulta a los originarios.
“Han aparecido nuevas comunidades que han solicitado su incorporación al proceso de consulta. El Ejecutivo está yendo a verificar, tiene que hacerlo, nosotros sólo vamos a observar el procedimiento que hagan”, declaró ayer el director del SIFDE, Juan Carlos Pinto.
El Ministerio de Obras Públicas y el de Medio Ambiente y Aguas redactaron un protocolo para la ejecución de la consulta a las comunidades dentro del TIPNIS, territorio ubicado entre los departamentos de Beni y Cochabamba. El documento incorpora 69 comunidades indígenas, pero, según los datos obtenidos por el SIFDE, habría comunidades nuevas que desean ser tomadas en cuenta.
“Seguramente esto ocurre a partir del hecho de que en épocas de lluvia o de sequía las comunidades se desplazan o se separan para encontrar otros espacios de sobrevivencia, generando nuevas comunidades. A nosotros se nos ha informado que existe esa posibilidad en tres comunidades”, señaló Pinto.
Aclaró que los veedores de su despacho no estaban certificando nada, sino que tuvieron conocimiento de que “esa situación está en proceso de verificación por parte del Ejecutivo”.
Pinto informó que dos de estas nuevas comunidades se encontrarían en la zona norte y la otra cerca del Polígono Siete, zona copada por colonizadores.
De acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad, estos grupos poblacionales serían indígenas y no así colonizadores, por lo cual reunirían todas las características necesarias para ser tomados en cuenta en el proceso de posconsulta, aunque el Ministerio de Obras Públicas tendría que tomar una determinación definitiva al respecto.
Ayer, la Fundación Tierra hizo conocer que unas ocho comunidades que han pasado por el proceso de consulta que realiza el Gobierno no forman parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), porque se han vuelto sindicatos con propiedad individual.
Según el mapa que publica esa entidad de estudios, se revela también que otros cuatro, de los 29 poblados consultados, no aparecen en los planos o en la lista del protocolo que realizó el Gobierno para iniciar el proceso que se ejecuta desde el 29 de julio.
miércoles, 15 de agosto de 2012
Ministro insiste en que ONU fue al TIPNIS por la consulta
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, insistió ayer en que funcionarios de las Naciones Unidas (ONU) ingresaron en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como veedores del proceso de consulta que se realiza a las comunidades, pese al desmentido oficial que hizo ese organismo.
“En relación con la nota que sacó las Naciones Unidas, el viernes, finalizando la tarde, se comunicó conmigo el señor Roberto Berroulds, representante alterno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en Bolivia. Al comunicarse me planteó que necesitaba el apoyo para que ingresen dos funcionarios (Vilma Romero y Nicolás David) a trabajar para el seguimiento del proceso de consulta en el TIPNIS”, señala un texto leído ayer por la autoridad en el Palacio de Gobierno.
Añadió que una vez recibida la información, su despacho optó por solicitar “inmediatamente que nos enviara una carta donde nos planteara lo que necesitaba para el apoyo que se requiere para entrar al área del TIPNIS, nosotros le hemos brindado todo el apoyo necesario”.
“Han entrado dos funcionarios de las Naciones Unidas que son Vilma Romero y Nicolás David, ellos han estado y están todavía en el TIPNIS y están saliendo el día de hoy. Ésa es la información que les puedo dar”, agregó.
El lunes, a través de un comunicado de prensa de sólo dos párrafos, la ONU aclaró que los funcionarios mencionados llevan a cabo funciones de monitoreo de derechos humanos en el TIPNIS, conforme al mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y no están en calidad de veedores de la consulta a las comunidades indígenas.
Esta aclaración había sido emitida luego de que, el domingo, el mismo ministro Sánchez diera la información a través de los medios gubernamentales de la presencia importante de esta entidad para observar el proceso que acompañan personeros de la OEA y Unasur.
“En relación con la nota que sacó las Naciones Unidas, el viernes, finalizando la tarde, se comunicó conmigo el señor Roberto Berroulds, representante alterno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en Bolivia. Al comunicarse me planteó que necesitaba el apoyo para que ingresen dos funcionarios (Vilma Romero y Nicolás David) a trabajar para el seguimiento del proceso de consulta en el TIPNIS”, señala un texto leído ayer por la autoridad en el Palacio de Gobierno.
Añadió que una vez recibida la información, su despacho optó por solicitar “inmediatamente que nos enviara una carta donde nos planteara lo que necesitaba para el apoyo que se requiere para entrar al área del TIPNIS, nosotros le hemos brindado todo el apoyo necesario”.
“Han entrado dos funcionarios de las Naciones Unidas que son Vilma Romero y Nicolás David, ellos han estado y están todavía en el TIPNIS y están saliendo el día de hoy. Ésa es la información que les puedo dar”, agregó.
El lunes, a través de un comunicado de prensa de sólo dos párrafos, la ONU aclaró que los funcionarios mencionados llevan a cabo funciones de monitoreo de derechos humanos en el TIPNIS, conforme al mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y no están en calidad de veedores de la consulta a las comunidades indígenas.
Esta aclaración había sido emitida luego de que, el domingo, el mismo ministro Sánchez diera la información a través de los medios gubernamentales de la presencia importante de esta entidad para observar el proceso que acompañan personeros de la OEA y Unasur.
Ocho de 29 pueblos consultados son en realidad sindicatos
Ocho comunidades que han pasado por el proceso de consulta que realiza el Gobierno no forman parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) porque se han convertido en sindicatos, que son propiedades individuales, de acuerdo con un mapa que divulga la Fundación Tierra.
La publicación revela también que otras cuatro de los 29 comunidades consultadas no aparecen en los planos o en la lista del protocolo que llevó a cabo el Gobierno para iniciar el proceso, el 29 de julio pasado.
La información describe que aunque en el protocolo de la consulta, creado por el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente, dice que Limo del Isiboro, San Juan del Isiboro, San Benito, Sasasama y Fátima de Moleto son comunidades yuracarés, como están en el área de influencia de los colonizadores “ya no forman parte de la TCO TIPNIS” y que, “por eso, esas comunidades perdieron se carácter de indígenas y pasaron a conformar los sindicatos agrarios”.
En el caso de Sanandita, ubicada al sureste, según documentos de los indígenas que señala la Fundación Tierra, sus comunarios están afiliados a la Federación del Trópico de Cochabamba. Entretanto, Santa Rosa del Isiboro no es parte de la TCO y está en un área que corresponde a la categoría de “terceros”.
“En el caso de la comunidad Mercedes de Lojojota, en la actualidad esa comunidad no aparece registrada en el informe de saneamiento del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) de 2011, tampoco aparece como sindicato agrario, lo que hace suponer que fue absorbida por los sindicatos cocaleros de la región, aunque en el protocolo del Ministerio de Obras Públicas aparece como comunidad con una población mojeña-trinitaria y yuracaré”, expresa Tierra.
Por su parte, la comunidad Carmen de la Nueva Esperanza, según el Sernap, está muy cerca del área de influencia de los colonizadores y, además, está afiliada a la subcentral Conisur, aunque no precisa si ésta ya es una propiedad individual.
Días atrás, el subalcalde del TIPNIS, Pedro Tamo, aseguró que en la parte sur del parque no hay ninguna comunidad indígena, pues “los vivientes de esa zona decidieron parcelar sus tierras para cultivar coca, debido a la presión de los colonizadores”.
Por otro lado, cuatro comunidades consultadas no aparecen en los mapas oficiales. Se trata de Villa Asunción, San Jorgito, San Juan de la Curva y Ushve, según la información de Tierra.
La publicación revela también que otras cuatro de los 29 comunidades consultadas no aparecen en los planos o en la lista del protocolo que llevó a cabo el Gobierno para iniciar el proceso, el 29 de julio pasado.
La información describe que aunque en el protocolo de la consulta, creado por el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente, dice que Limo del Isiboro, San Juan del Isiboro, San Benito, Sasasama y Fátima de Moleto son comunidades yuracarés, como están en el área de influencia de los colonizadores “ya no forman parte de la TCO TIPNIS” y que, “por eso, esas comunidades perdieron se carácter de indígenas y pasaron a conformar los sindicatos agrarios”.
En el caso de Sanandita, ubicada al sureste, según documentos de los indígenas que señala la Fundación Tierra, sus comunarios están afiliados a la Federación del Trópico de Cochabamba. Entretanto, Santa Rosa del Isiboro no es parte de la TCO y está en un área que corresponde a la categoría de “terceros”.
“En el caso de la comunidad Mercedes de Lojojota, en la actualidad esa comunidad no aparece registrada en el informe de saneamiento del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) de 2011, tampoco aparece como sindicato agrario, lo que hace suponer que fue absorbida por los sindicatos cocaleros de la región, aunque en el protocolo del Ministerio de Obras Públicas aparece como comunidad con una población mojeña-trinitaria y yuracaré”, expresa Tierra.
Por su parte, la comunidad Carmen de la Nueva Esperanza, según el Sernap, está muy cerca del área de influencia de los colonizadores y, además, está afiliada a la subcentral Conisur, aunque no precisa si ésta ya es una propiedad individual.
Días atrás, el subalcalde del TIPNIS, Pedro Tamo, aseguró que en la parte sur del parque no hay ninguna comunidad indígena, pues “los vivientes de esa zona decidieron parcelar sus tierras para cultivar coca, debido a la presión de los colonizadores”.
Por otro lado, cuatro comunidades consultadas no aparecen en los mapas oficiales. Se trata de Villa Asunción, San Jorgito, San Juan de la Curva y Ushve, según la información de Tierra.
martes, 14 de agosto de 2012
Dirigente del CONISUR dice que cuatro comunidades se suman al rechazo a la carretera por medio del TIPNIS
Indígenas de Limoncito, La Pampita, Santa Teresa y Nueva Esperanza rechazaron en la consulta la construcción de la carretera por el medio del TIPNIS, como lo hicieron en San Miguelito, reveló el presidente del Consejo Indígena del Sur (Conisur) e impulsor de la consulta, Gumercindo Pradel. Hasta ayer, el Gobierno afirmó que sólo una comunidad mantenía esa posición.
Las brigadas encargadas de recoger la posición de las 69 comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre el proyecto, iniciaron su trabajo el 29 de julio. “35 comunidades han sido consultadas, sólo cuatro se han opuesto a la carretera”, señaló Pradel a la red Erbol.
El dirigente, quien encabezó en febrero una marcha desde el trópico de Cochabamba hacia la ciudad de La Paz en demanda de la promulgación de la ley de Consulta en el TIPNIS, aseguró que hasta el momento es mayoritario el respaldo al levantamiento del carácter intangible del parque y a la construcción de la carretera por medio del reservorio.
Pradel informó que los indígenas de las comunidades de Limoncito, La Pampita, Santa Teresa y Nueva Esperanza rechazaron el trazo carretero alentado por la administración del presidente Evo Morales. Los habitantes de estas comunidades se suman a San Miguelito, con la cual serían cinco las comunidades opuestas al proyecto.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, señaló el domingo que fueron consultadas 25 comunidades, de las cuales sólo San Miguelito pidió la construcción de la vía por fuera del núcleo del parque nacional.
Los indígenas colombianos insisten en negociar con Santos
Líderes indígenas nasa insistieron ayer en que sólo negociarán con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para resolver sus demandas, entre las que sobresale el retiro de sus territorios tanto de la fuerza pública como de la guerrilla.
Mientras el titular del Interior, Federico Renjifo, reiteraba su disposición al diálogo desde Bogotá y llamaba a los indígenas a aprovechar la oportunidad, éstos debatían en el resguardo (reserva) del pueblo nasa en La María, en el departamento del Cauca (suroeste), qué postura adoptar ahora.
"Antes de una reunión con el alto Gobierno, de alto nivel, debemos primero tener la reunión entre nosotros. Esa es la única salida que los indígenas tienen: el diálogo", expresó Renjifo, al descartar que Santos viaje a La María para entrevistarse hoy con los indígenas.
En La María están congregados desde el sábado unos 15.000 indígenas que llegaron desde diversas partes del país a celebrar un encuentro que tiene como eje la puesta en común de su iniciativa de paz, con la que buscan expulsar de su territorio a todos los actores armados del conflicto.
El consejero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el nasa Feliciano Valencia, explicó en una entrevista con Efe que la suspensión del encuentro del domingo es mucho más trascendente de lo que cree el Gobierno y no se trata de un capricho.
Lamento
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, defendió ayer la necesidad de que las autoridades tengan presencia y controlen todo el territorio tras conocerse la muerte de Lisandro Tenorio, líder indígena y guía espiritual, ocurrida el domingo en el suroeste del país, supuestamente a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pinzón rechazó el crimen en declaraciones a Caracol Radio y consideró que "ese tipo de hechos es lo que demuestra la necesidad de la presencia de la Fuerza Pública en todos estos territorios", frente a la pretensión de los aborígenes de expulsar de sus resguardos (reservas) tanto al Ejército y a la Policía como a las FARC.
Entregan a dos rehenes
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó ayer a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a representantes de la Iglesia Católica a una periodista y a una ingeniera, en su poder desde el pasado 25 de julio, confirmaron fuentes del organismo humanitario.
Las dos mujeres fueron entregadas a la comisión, "por voluntad del grupo" del ELN, en zona rural El Nevado en el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela, precisó la fuente.
Las ahora exrehenes de esa guerrilla, la periodista Élida Parra Alfonso y la ingeniera ambiental Gina Paola Uribe Villamizar, fueron trasladadas a Saravena, también en Arauca, y se encuentran en buen estado de salud. También conformaban la comisión humanitaria que recibió a las secuestradas, la Defensoría del Pueblo y dos periodistas de Saravena.
La entrega fue hecha por miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN que actúa en esa región colombiana vecina a Venezuela.
La fuente del CICR recordó también que en lo que va de 2012 se elevó ayer a 28 el número de personas que han recobrado su libertad en Colombia con la participación activa del organismo.
Mientras el titular del Interior, Federico Renjifo, reiteraba su disposición al diálogo desde Bogotá y llamaba a los indígenas a aprovechar la oportunidad, éstos debatían en el resguardo (reserva) del pueblo nasa en La María, en el departamento del Cauca (suroeste), qué postura adoptar ahora.
"Antes de una reunión con el alto Gobierno, de alto nivel, debemos primero tener la reunión entre nosotros. Esa es la única salida que los indígenas tienen: el diálogo", expresó Renjifo, al descartar que Santos viaje a La María para entrevistarse hoy con los indígenas.
En La María están congregados desde el sábado unos 15.000 indígenas que llegaron desde diversas partes del país a celebrar un encuentro que tiene como eje la puesta en común de su iniciativa de paz, con la que buscan expulsar de su territorio a todos los actores armados del conflicto.
El consejero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el nasa Feliciano Valencia, explicó en una entrevista con Efe que la suspensión del encuentro del domingo es mucho más trascendente de lo que cree el Gobierno y no se trata de un capricho.
Lamento
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, defendió ayer la necesidad de que las autoridades tengan presencia y controlen todo el territorio tras conocerse la muerte de Lisandro Tenorio, líder indígena y guía espiritual, ocurrida el domingo en el suroeste del país, supuestamente a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pinzón rechazó el crimen en declaraciones a Caracol Radio y consideró que "ese tipo de hechos es lo que demuestra la necesidad de la presencia de la Fuerza Pública en todos estos territorios", frente a la pretensión de los aborígenes de expulsar de sus resguardos (reservas) tanto al Ejército y a la Policía como a las FARC.
Entregan a dos rehenes
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó ayer a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a representantes de la Iglesia Católica a una periodista y a una ingeniera, en su poder desde el pasado 25 de julio, confirmaron fuentes del organismo humanitario.
Las dos mujeres fueron entregadas a la comisión, "por voluntad del grupo" del ELN, en zona rural El Nevado en el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela, precisó la fuente.
Las ahora exrehenes de esa guerrilla, la periodista Élida Parra Alfonso y la ingeniera ambiental Gina Paola Uribe Villamizar, fueron trasladadas a Saravena, también en Arauca, y se encuentran en buen estado de salud. También conformaban la comisión humanitaria que recibió a las secuestradas, la Defensoría del Pueblo y dos periodistas de Saravena.
La entrega fue hecha por miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN que actúa en esa región colombiana vecina a Venezuela.
La fuente del CICR recordó también que en lo que va de 2012 se elevó ayer a 28 el número de personas que han recobrado su libertad en Colombia con la participación activa del organismo.
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