La IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) evitó la violencia en San Ignacio de Moxos del Beni y prefirió bordear esta localidad ante las amenazas de los pobladores de “chicotearlos” si ingresaban a escuchar misa. Al ritmo de la tamborita la marcha pasó por la avenida Circunvalación de la mencionada localidad.
Insultados al pasar. "La decisión de la marcha es no pasar por el pueblo, sino por la avenida Circunvalación, de esa manera demostraremos que respetamos a San Ignacio y queremos que así como ellos no viven en el Tipnis, respeten nuestra posición de defensa del territorio", dijo el presidente de la confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez.
Unos 20 mototaxistas de San Ignacio que rechazan la marcha, se apostaron en la tranca de salida del pueblo para ver que los indígenas abandonen el pueblo.
"La marcha logró superar su paso por San Ignacio, pero lamentablemente hemos tenido que sufrir insultos de los ignacianos, alambres de púas nos restringían el paso para ingresar al pueblo, esto queda en la historia del movimiento indígena, lamento que haya sucedido esto", manifestó el diputado indígena Pedro Nuni.
Peleas en San Ignacio entre las pobladoras. Pobladores de San Ignacio de Moxos se agarraron a golpes después de que la columna de la IX marcha pasó por la mencionada avenida.
De acuerdo con el reporte, las peleas se dieron entre mujeres que apoyaban a los marchistas y las que repudiaban la misma.
Ahora la marcha descansa en la estación Piscícola Mausa para seguir a San Borja.
miércoles, 9 de mayo de 2012
martes, 8 de mayo de 2012
Moxos se halla en medio de una ‘guerra’ de trincheras
Mil metros separan a dos bandos que no quieren ceder. La novena marcha indígena llegó hasta Algodonal, donde ubicó su trinchera para tratar de ingresar hasta el centro de San Ignacio. Pueden intentarlo hoy, o tal vez mañana, pero no renuncian a la idea de llegar hasta el templo misional para recibir la bendición de un cura.
Al otro lado, donde el camino hacia Trinidad se bifurca entre el centro de la población moxeña y la salida hacia San Borja, hay un grupo de 200 personas que aguardan detrás de una alambrada. Dicen que están ahí para garantizar que los movilizados tomen la ruta a San Borja, pero que si pasan el alambre, no se responsabilizan de lo que pueda pasar. Unos quieren que la carretera que pretende construir el Gobierno entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos no parta en dos el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Los otros ven en esta exigencia una condena al atraso.
Ahora cada bando toma sus previsiones. Los medios de comunicación ya no tienen acceso irrestricto al campamento de la marcha, sino que una guardia indígena garantiza la intimidad de la movilización cuando los dirigentes se reúnen para definir sus siguientes medidas.
También los ignacianos se resguardan. Casi todos los accesos de la ciudad están alambrados y las juntas vecinales se han organizado para establecer un perímetro seguro para la población. Solo dos puntos quedan abiertos para conectarse con el resto de Beni.
Adentro, en el centro de la población, la mayoría de los negocios permanecen cerrados y ‘manadas’ de mototaxistas recorren las calles como una especie de policía de facto, obligando a acatar el paro cívico indefinido dictado por las instituciones ignacianas.
No hay espacio para la flexibilidad ni acciones sensatas en este escenario. Cuando la marcha llegaba a Algodonal, algunos mototaxistas en estado de ebriedad se acercaron hasta la movilización para insultar a los marchistas. La columna respondió con su grito de guerra: “¡Viva la novena marcha indígena!”. En Algodonal se han acomodado debajo de mangos frondosos y recibieron la solidaridad de la comunidad indígena llamada Argentina, que les donó una vaquilla para que recuperen energías.
En la vigilia moxeña, el grito “¡El Tipnis sí se parte!” y “¡queremos carretera!” ya se había vuelto general cuando Layda Núñez Moy, vicepresidenta del Tipnis, intentó pasar por el sector de la vigilia para entregar dos cartas. Iban dirigidas al alcalde, Basilio Nolvani, y al subgobernador, Sixto Bejarano. Les pedían garantías para pasar por el centro de la población, pero nunca llegaron a destino. Layda fue interceptada por la vigilia, que la obligó a bajar de la moto y a huir bajo amenaza de quemar la moto que la transportaba. Les exigieron que las cartas sean llevadas por los dirigentes Bertha Bejarano, Pedro Nuni o Fernando Vargas.
Layda creyó que habían roto la documentación, pero la tiene María Victoria Abularach, miembro del Comité de Defensa de Moxos, que niega que la hubieran agredido. Abularach dice que lo que el pueblo está haciendo no es un bloqueo, que la marcha puede irse por la circunvalación, sin que ingresen al pueblo.
Y Bertha Bejarano, presidenta de la marcha, dice lo contrario. “No voy a ir a exponerme ni ser presa fácil. No tengo nada que hablar con esa gente, yo no los represento. Yo soy presidenta de los indígenas de Moxos, no de ellos. No tengo que pedirles permiso para entrar en mi casa grande”, dijo. Para la marcha la reflexión es simple: si van por la circunvalación igual los van a agredir.
La sensatez tampoco llega del lado del Gobierno. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, llegó ayer a San Ignacio y dijo que la marcha era de la Cidob, no de los indígenas. Aseguró que la movilización es menos legítima que la octava, que está integrada por más indígenas de tierras altas que de tierras bajas, que están ‘importando’ indígenas de otros países y sectores radicales de las ciudades. Eso sí, pidió que dejen pasar la marcha por donde quieran.
Con la tragedia servida, el asalto final depende de la Iglesia. Los marchistas esperan que lleguen hoy los obispos hasta Algodonal para ser testigos de su paso por el pueblo. San Ignacio de Moxos ya expulsó en 2004 al sacerdote Enrique Jordá y no se harán problema en echar a otros.
«Hay ánimo y coraje»
FERNANDO VARGAS / PRESIDENTE DEL TIPNIS
- ¿Por qué es importante pasar por San Ignacio de Moxos?
El pueblo de San Ignacio no es propiedad del alcalde ni es la hacienda de Juan Ramón Quintana para que lo alambre. San Ignacio es de los moxeños. Nosotros no podemos irnos por otro lado porque no somos maleantes, somos personas con dignidad y con respeto, queremos demostrar al pueblo que no vamos a entrar a hacer daño a nadie, sino que queremos entrar en la Iglesia, a escuchar misa en resguardo de la vida y la integridad de todos los que estamos marchando.
- ¿Ve fortaleza en la marcha para lograr el paso?
Más allá de los conflictos políticos veo que en la marcha hay bastante ánimo y coraje y eso es una fortaleza para mí y para el pueblo boliviano. Hemos dejado de lado los problemas políticos, más allá del bloqueo de San Ignacio, porque no es todo el pueblo ignaciano, son unos cuantos que están bloqueando con el alcalde. Lamentablemente, si algo sucede, quedará en la memoria que fue un indígena trinitario, que en 2010, en San Miguelito, dijo que no iba a permitir que dividan el Tipnis ni que los colonos se metan, nos dijo: “Vamos a estar con ustedes para defender el territorio”.
- ¿Ha incumplido su palabra?
Ahora está como el Gobierno central: en un Gobierno indígena se violan derechos indígenas, en un Gobierno municipal indígena se atenta contra la integridad de una marcha que va reclamando un derecho constitucional. No estamos pidiendo nada fuera de la ley. Estos problemas los dejamos en segundo plano, en primer plano está el coraje y la valentía de seguir luchando por los territorios, por la vida, por la biodiversidad. Lo que logremos ahora será lo que dejaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
DE A PIE
- Representantes del Defensor del Pueblo llegaron ayer a San Ignacio a evaluar el escenario. Prefirieron no hacer declaraciones y evalúan la presencia de Rolando Villena.
- Los periodistas desplazados en San Ignacio de Moxos sostuvieron una reunión la madrugada de ayer con los dirigentes de las instituciones moxeñas para pedirles garantías.
Al otro lado, donde el camino hacia Trinidad se bifurca entre el centro de la población moxeña y la salida hacia San Borja, hay un grupo de 200 personas que aguardan detrás de una alambrada. Dicen que están ahí para garantizar que los movilizados tomen la ruta a San Borja, pero que si pasan el alambre, no se responsabilizan de lo que pueda pasar. Unos quieren que la carretera que pretende construir el Gobierno entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos no parta en dos el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Los otros ven en esta exigencia una condena al atraso.
Ahora cada bando toma sus previsiones. Los medios de comunicación ya no tienen acceso irrestricto al campamento de la marcha, sino que una guardia indígena garantiza la intimidad de la movilización cuando los dirigentes se reúnen para definir sus siguientes medidas.
También los ignacianos se resguardan. Casi todos los accesos de la ciudad están alambrados y las juntas vecinales se han organizado para establecer un perímetro seguro para la población. Solo dos puntos quedan abiertos para conectarse con el resto de Beni.
Adentro, en el centro de la población, la mayoría de los negocios permanecen cerrados y ‘manadas’ de mototaxistas recorren las calles como una especie de policía de facto, obligando a acatar el paro cívico indefinido dictado por las instituciones ignacianas.
No hay espacio para la flexibilidad ni acciones sensatas en este escenario. Cuando la marcha llegaba a Algodonal, algunos mototaxistas en estado de ebriedad se acercaron hasta la movilización para insultar a los marchistas. La columna respondió con su grito de guerra: “¡Viva la novena marcha indígena!”. En Algodonal se han acomodado debajo de mangos frondosos y recibieron la solidaridad de la comunidad indígena llamada Argentina, que les donó una vaquilla para que recuperen energías.
En la vigilia moxeña, el grito “¡El Tipnis sí se parte!” y “¡queremos carretera!” ya se había vuelto general cuando Layda Núñez Moy, vicepresidenta del Tipnis, intentó pasar por el sector de la vigilia para entregar dos cartas. Iban dirigidas al alcalde, Basilio Nolvani, y al subgobernador, Sixto Bejarano. Les pedían garantías para pasar por el centro de la población, pero nunca llegaron a destino. Layda fue interceptada por la vigilia, que la obligó a bajar de la moto y a huir bajo amenaza de quemar la moto que la transportaba. Les exigieron que las cartas sean llevadas por los dirigentes Bertha Bejarano, Pedro Nuni o Fernando Vargas.
Layda creyó que habían roto la documentación, pero la tiene María Victoria Abularach, miembro del Comité de Defensa de Moxos, que niega que la hubieran agredido. Abularach dice que lo que el pueblo está haciendo no es un bloqueo, que la marcha puede irse por la circunvalación, sin que ingresen al pueblo.
Y Bertha Bejarano, presidenta de la marcha, dice lo contrario. “No voy a ir a exponerme ni ser presa fácil. No tengo nada que hablar con esa gente, yo no los represento. Yo soy presidenta de los indígenas de Moxos, no de ellos. No tengo que pedirles permiso para entrar en mi casa grande”, dijo. Para la marcha la reflexión es simple: si van por la circunvalación igual los van a agredir.
La sensatez tampoco llega del lado del Gobierno. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, llegó ayer a San Ignacio y dijo que la marcha era de la Cidob, no de los indígenas. Aseguró que la movilización es menos legítima que la octava, que está integrada por más indígenas de tierras altas que de tierras bajas, que están ‘importando’ indígenas de otros países y sectores radicales de las ciudades. Eso sí, pidió que dejen pasar la marcha por donde quieran.
Con la tragedia servida, el asalto final depende de la Iglesia. Los marchistas esperan que lleguen hoy los obispos hasta Algodonal para ser testigos de su paso por el pueblo. San Ignacio de Moxos ya expulsó en 2004 al sacerdote Enrique Jordá y no se harán problema en echar a otros.
«Hay ánimo y coraje»
FERNANDO VARGAS / PRESIDENTE DEL TIPNIS
- ¿Por qué es importante pasar por San Ignacio de Moxos?
El pueblo de San Ignacio no es propiedad del alcalde ni es la hacienda de Juan Ramón Quintana para que lo alambre. San Ignacio es de los moxeños. Nosotros no podemos irnos por otro lado porque no somos maleantes, somos personas con dignidad y con respeto, queremos demostrar al pueblo que no vamos a entrar a hacer daño a nadie, sino que queremos entrar en la Iglesia, a escuchar misa en resguardo de la vida y la integridad de todos los que estamos marchando.
- ¿Ve fortaleza en la marcha para lograr el paso?
Más allá de los conflictos políticos veo que en la marcha hay bastante ánimo y coraje y eso es una fortaleza para mí y para el pueblo boliviano. Hemos dejado de lado los problemas políticos, más allá del bloqueo de San Ignacio, porque no es todo el pueblo ignaciano, son unos cuantos que están bloqueando con el alcalde. Lamentablemente, si algo sucede, quedará en la memoria que fue un indígena trinitario, que en 2010, en San Miguelito, dijo que no iba a permitir que dividan el Tipnis ni que los colonos se metan, nos dijo: “Vamos a estar con ustedes para defender el territorio”.
- ¿Ha incumplido su palabra?
Ahora está como el Gobierno central: en un Gobierno indígena se violan derechos indígenas, en un Gobierno municipal indígena se atenta contra la integridad de una marcha que va reclamando un derecho constitucional. No estamos pidiendo nada fuera de la ley. Estos problemas los dejamos en segundo plano, en primer plano está el coraje y la valentía de seguir luchando por los territorios, por la vida, por la biodiversidad. Lo que logremos ahora será lo que dejaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
DE A PIE
- Representantes del Defensor del Pueblo llegaron ayer a San Ignacio a evaluar el escenario. Prefirieron no hacer declaraciones y evalúan la presencia de Rolando Villena.
- Los periodistas desplazados en San Ignacio de Moxos sostuvieron una reunión la madrugada de ayer con los dirigentes de las instituciones moxeñas para pedirles garantías.
IX marcha indigena Marcha indígena logra pasar bloqueo en San Ignacio y se dirige a Mosúa
El sonido de la tamborita abrió el paso de los marchistas frente a los bloqueadores simpatizantes del Gobierno que junto a comunarios de San Ignacio de Moxos gritaban: "Carretera, carretera" y en contra de los indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure que rechazan la Ley 222 de Consulta de Previa.
Alambres de púas cerraban el acceso a diferentes calles que unían con el pueblo, los indígenas pasaban de largo sin responder a los insultos de los pobladores que eran separados de la columna de marchistas por la escolta policial.
"La decisión de la marcha es no pasar por el pueblo sino por la avenida Circunvalación, de esa manera demostraremos que respetamos a San Ignacio y queremos que así como ellos no viven en el TIPNIS, respeten nuestra posición de defensa del territorio", dijo el presidente de la confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, según la fundación Tierra.
Unos 20 mototaxistas de San Ignacio que rechazan la marcha y pasaban por el costado de la columna indígena, se apostaron en la tranca de salida del pueblo para ver que los indígenas abandonen el pueblo.
"La marcha logró superar su paso por San Ignacio, pero lamentablemente hemos tenido que sufrir insultos de los ignacianos, alambres de púas nos restringian el paso para ingresar al pueblo, esto queda en la historia del movimiento indígena, lamento que haya sucedido esto", manifestó el diputado indígena Pedro nuni.
El representante guaraní Celso Padilla, informó que la columna pasará de largo por San Ignacio hasta la comunidad Mosua, ubicada a 10 kilómetros al oeste del pueblo.
Los marchistas prevén dejar esa comunidad el miércoles, para alcanzar Puerto San Borja, en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM); en esta comunidad la IX Marcha tendrá una buena recepción y engrosará sus filas con habitantes de ese territorio
El Párroco de San Ignacio, Franz Bejarano, informó que a la salida del pueblo los indígenas participarán de una celebración eucarística para que continúen su camino hacia la ciudad de La Paz.
Cerca a las 09.18 la columna de la marcha llegó al ingreso de San Ignacio donde se había apostado un bloqueo carretero días atrás, el viceministro de Gobierno Jorge Pérez, dio encuentro a la cabeza de la movilización tras negociar con los bloqueadores, garantizando que permitirán el paso de los marchistas.
Alambres de púas cerraban el acceso a diferentes calles que unían con el pueblo, los indígenas pasaban de largo sin responder a los insultos de los pobladores que eran separados de la columna de marchistas por la escolta policial.
"La decisión de la marcha es no pasar por el pueblo sino por la avenida Circunvalación, de esa manera demostraremos que respetamos a San Ignacio y queremos que así como ellos no viven en el TIPNIS, respeten nuestra posición de defensa del territorio", dijo el presidente de la confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, según la fundación Tierra.
Unos 20 mototaxistas de San Ignacio que rechazan la marcha y pasaban por el costado de la columna indígena, se apostaron en la tranca de salida del pueblo para ver que los indígenas abandonen el pueblo.
"La marcha logró superar su paso por San Ignacio, pero lamentablemente hemos tenido que sufrir insultos de los ignacianos, alambres de púas nos restringian el paso para ingresar al pueblo, esto queda en la historia del movimiento indígena, lamento que haya sucedido esto", manifestó el diputado indígena Pedro nuni.
El representante guaraní Celso Padilla, informó que la columna pasará de largo por San Ignacio hasta la comunidad Mosua, ubicada a 10 kilómetros al oeste del pueblo.
Los marchistas prevén dejar esa comunidad el miércoles, para alcanzar Puerto San Borja, en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM); en esta comunidad la IX Marcha tendrá una buena recepción y engrosará sus filas con habitantes de ese territorio
El Párroco de San Ignacio, Franz Bejarano, informó que a la salida del pueblo los indígenas participarán de una celebración eucarística para que continúen su camino hacia la ciudad de La Paz.
Cerca a las 09.18 la columna de la marcha llegó al ingreso de San Ignacio donde se había apostado un bloqueo carretero días atrás, el viceministro de Gobierno Jorge Pérez, dio encuentro a la cabeza de la movilización tras negociar con los bloqueadores, garantizando que permitirán el paso de los marchistas.
Indígenas de Brasil exigen vivir con dignidad y respeto
“Sufrimos demasiado con tanta violencia. No pedimos, exigimos derechos: la demarcación de nuestras tierras con urgencia para que nuestro pueblo vuelva a vivir en paz, con felicidad y dignidad”.
Las palabras escritas en una carta por el pueblo indígena brasileño guaraní-kaiwoá para el ex presidente del país Luiz Inácio Lula da Silva, en agosto de 2010, podrían trasladarse al presente y traducir la realidad no sólo de Brasil, sino de otros países vecinos del gigante sudamericano como Bolivia.
La organización Amnistía Internacional emitió un informe denunciando algunos de los proyectos de desarrollo de los gobiernos del continente americano por amenazar la supervivencia de estas comunidades.
El documento, cuyo nombre es “Sacrificando derechos en nombre del progreso”, estudia la situación de los pueblos originarios en toda América.
Según el informe, los indígenas siguen siendo “uno de los grupos más marginados y más afectados por las violaciones de los derechos humanos” en todo el continente. Además, enfrentan una “creciente amenaza” debido a la construcción de centrales hidroeléctricas, de carreteras y la expansión de la agricultura, cita el diario español El Mundo en un reportaje desde Brasilia.
El reto de la supervivencia
En el caso de Brasil, el informe especial retoma el criticado plan de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en la zona del río Xingu, en la rica Amazonia brasileña.
Está previsto que la gigantesca planta empiece a funcionar en 2015 y puede convertirse en la mayor del país y la tercera del mundo, con capacidad para generar 1,6 millones de kilovatios de energía, como se prevé.
El obispo austriaco Erwin Kräutler, que vive en la zona desde hace casi medio siglo, comparte la opinión de que la obra sería un riesgo para los habitantes de la zona. Kräutler, según declaró a los medios locales, cree que “podría faltar agua al desviar su curso para alimentar diques y para mover las turbinas, además de sacar a los indígenas de su lugar de origen y de duplicar la población de pequeñas ciudades”.
Además de la planta de Belo Monte, el investigador Patrick Wilcken declaró que el Gobierno que preside Dilma Rousseff tiene otros “planes ambiciosos”, como construir “cientos” de centrales hidroeléctricas en zonas donde vive la mayoría de las naciones indígenas del país. Según el activista, las obras podrían generar “enormes problemas para la supervivencia de estos pueblos originarios ”.
Según el profesor de la Universidade Federal do Pará Hermes Fonseca Medeiros, la hidroeléctrica podría afectar a 30 zonas indígenas y 12 espacios naturales de gran importancia. Una de las críticas de los ambientalistas es que la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte atraería a la región de Xingu a miles de trabajadores, lo que significaría un desplazamiento de más de 20.000 habitantes, indígenas en su mayoría.
Las palabras escritas en una carta por el pueblo indígena brasileño guaraní-kaiwoá para el ex presidente del país Luiz Inácio Lula da Silva, en agosto de 2010, podrían trasladarse al presente y traducir la realidad no sólo de Brasil, sino de otros países vecinos del gigante sudamericano como Bolivia.
La organización Amnistía Internacional emitió un informe denunciando algunos de los proyectos de desarrollo de los gobiernos del continente americano por amenazar la supervivencia de estas comunidades.
El documento, cuyo nombre es “Sacrificando derechos en nombre del progreso”, estudia la situación de los pueblos originarios en toda América.
Según el informe, los indígenas siguen siendo “uno de los grupos más marginados y más afectados por las violaciones de los derechos humanos” en todo el continente. Además, enfrentan una “creciente amenaza” debido a la construcción de centrales hidroeléctricas, de carreteras y la expansión de la agricultura, cita el diario español El Mundo en un reportaje desde Brasilia.
El reto de la supervivencia
En el caso de Brasil, el informe especial retoma el criticado plan de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en la zona del río Xingu, en la rica Amazonia brasileña.
Está previsto que la gigantesca planta empiece a funcionar en 2015 y puede convertirse en la mayor del país y la tercera del mundo, con capacidad para generar 1,6 millones de kilovatios de energía, como se prevé.
El obispo austriaco Erwin Kräutler, que vive en la zona desde hace casi medio siglo, comparte la opinión de que la obra sería un riesgo para los habitantes de la zona. Kräutler, según declaró a los medios locales, cree que “podría faltar agua al desviar su curso para alimentar diques y para mover las turbinas, además de sacar a los indígenas de su lugar de origen y de duplicar la población de pequeñas ciudades”.
Además de la planta de Belo Monte, el investigador Patrick Wilcken declaró que el Gobierno que preside Dilma Rousseff tiene otros “planes ambiciosos”, como construir “cientos” de centrales hidroeléctricas en zonas donde vive la mayoría de las naciones indígenas del país. Según el activista, las obras podrían generar “enormes problemas para la supervivencia de estos pueblos originarios ”.
Según el profesor de la Universidade Federal do Pará Hermes Fonseca Medeiros, la hidroeléctrica podría afectar a 30 zonas indígenas y 12 espacios naturales de gran importancia. Una de las críticas de los ambientalistas es que la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte atraería a la región de Xingu a miles de trabajadores, lo que significaría un desplazamiento de más de 20.000 habitantes, indígenas en su mayoría.
IX marcha indigena San Ignacio de Moxos veta el ingreso de indígenas a la plaza
Pobladores de San Ignacio de Moxos vetaron el ingreso de los indígenas a la plaza de ese municipio y cerraron los ingresos con alambre de púas. Los marchistas piden la presencia de veedores.
El representante del Defensor del Pueblo en San Ignacio de Moxos, Eugenio Mullucundo, confirmó a Página Siete que “hay una especie de barricada con alambre de púas y unos letreros, y hay gente detrás de los alambres y, claro, hemos hablado con ellos y hay un poco de intransigencia”.
La columna de la marcha pernoctó en la comunidad de San José de Algodonal, a cuatro kilómetro de San Ignacio, y hoy intentará ingresar al pueblo en el “derecho legítimo que tenemos de circular por el territorio nacional”, según dijo el ex mallku y marchista del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Rafael Quispe.
San Ignacio de Moxos es el municipio beniano donde terminaría la construcción de la carretera que comenzará en Villa Tunari (Cochabamba). Con este argumento autoridades y organizaciones sociales afines al MAS piden que esta vía se construya por medio del TIPNIS.
“Dos organizaciones indígenas tienen su sede en San Ignacio de Moxos y tienen que tener el ingreso (') el Estado debe garantizar la libre transitabilidad”, ratificó el dirigente Quispe.
Los marchistas, que pidieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Iglesia y la Defensoría del Pueblo constituirse en ese municipio para ser “veedores” de la vulneración de los derechos humanos, también pretenden que estas instituciones faciliten su paso por San Ignacio sin agresiones.
“Está delicado el tema”, dijo Mullucundo, al referir que la posición de los bloqueadores es firme y que no permitirán a los marchistas ingresar a la plaza y les piden que tomen la ruta de la circunvalación. Si insisten en ingresar al pueblo, esto será tomado como “provocación”.
Los marchistas también desean llegar a la catedral de San Ignacio de Moxos para participar de la misa para después continuar su caminata. Hace tres semanas, pobladores de esta zona también bloquearon para evitar el paso de los marchistas, pero el Gobierno negoció para que levanten la medida.
Más información
Visible En el grupo de resistencia a la marcha no se ven liderazgos ni una clara representación institucional, señaló el representante de la Defensoría del Pueblo.
Control En el cerco con alambres, el control es estricto. La dirigenta Laida Núñez fue impedida de ingresar a San Ignacio de Moxos y le quitaron sus documentos.
El representante del Defensor del Pueblo en San Ignacio de Moxos, Eugenio Mullucundo, confirmó a Página Siete que “hay una especie de barricada con alambre de púas y unos letreros, y hay gente detrás de los alambres y, claro, hemos hablado con ellos y hay un poco de intransigencia”.
La columna de la marcha pernoctó en la comunidad de San José de Algodonal, a cuatro kilómetro de San Ignacio, y hoy intentará ingresar al pueblo en el “derecho legítimo que tenemos de circular por el territorio nacional”, según dijo el ex mallku y marchista del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Rafael Quispe.
San Ignacio de Moxos es el municipio beniano donde terminaría la construcción de la carretera que comenzará en Villa Tunari (Cochabamba). Con este argumento autoridades y organizaciones sociales afines al MAS piden que esta vía se construya por medio del TIPNIS.
“Dos organizaciones indígenas tienen su sede en San Ignacio de Moxos y tienen que tener el ingreso (') el Estado debe garantizar la libre transitabilidad”, ratificó el dirigente Quispe.
Los marchistas, que pidieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Iglesia y la Defensoría del Pueblo constituirse en ese municipio para ser “veedores” de la vulneración de los derechos humanos, también pretenden que estas instituciones faciliten su paso por San Ignacio sin agresiones.
“Está delicado el tema”, dijo Mullucundo, al referir que la posición de los bloqueadores es firme y que no permitirán a los marchistas ingresar a la plaza y les piden que tomen la ruta de la circunvalación. Si insisten en ingresar al pueblo, esto será tomado como “provocación”.
Los marchistas también desean llegar a la catedral de San Ignacio de Moxos para participar de la misa para después continuar su caminata. Hace tres semanas, pobladores de esta zona también bloquearon para evitar el paso de los marchistas, pero el Gobierno negoció para que levanten la medida.
Más información
Visible En el grupo de resistencia a la marcha no se ven liderazgos ni una clara representación institucional, señaló el representante de la Defensoría del Pueblo.
Control En el cerco con alambres, el control es estricto. La dirigenta Laida Núñez fue impedida de ingresar a San Ignacio de Moxos y le quitaron sus documentos.
Se inicia la XI sesión del Foro Indígena en la ONU
El Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU inició ayer su undécimo período de sesiones centrado en impulsar el fin de la marginación de esos pueblos y en tratar el impacto que la llamada doctrina del descubrimiento ha tenido en el desarrollo de esas comunidades.
"Existe una necesidad increíblemente urgente de que todos los pueblos indígenas, los Estados y la ONU tomen medidas efectivas y coordinadas para solucionar la discriminación, el racismo, la marginación, la extrema pobreza y el conflicto que sufrimos", dijo en la inauguración del foro su presidente, el gran jefe Edward John.
Con la participación de unos 2.000 indígenas, John lanzó un llamamiento para acabar con la "indiferencia" que sigue afectando a las cuestiones relacionadas con esas comunidades.
"Existe una necesidad increíblemente urgente de que todos los pueblos indígenas, los Estados y la ONU tomen medidas efectivas y coordinadas para solucionar la discriminación, el racismo, la marginación, la extrema pobreza y el conflicto que sufrimos", dijo en la inauguración del foro su presidente, el gran jefe Edward John.
Con la participación de unos 2.000 indígenas, John lanzó un llamamiento para acabar con la "indiferencia" que sigue afectando a las cuestiones relacionadas con esas comunidades.
lunes, 7 de mayo de 2012
ix marcha Indigena San Ignacio para contra la marcha; pone alambres para evitar su paso
El comité de bloqueo y la Coordinadora Departamental del Cambio (Codelcam) de San Ignacio de Moxos (Beni) determinaron ingresar en paro indefinido desde hoy para evitar el paso de la IX marcha indígena. Anoche, mototaxistas alambraron la tranca con ese fin.
Los indígenas que marchan en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) reanudaron ayer la caminata a las 06.00, pero una reunión de delegados decidió por la tarde que no entrarán a la capital ignaciana hasta que observadores lleguen al lugar, pues temen represalias, dijo Bertha Bejarano, presidenta del comité de marcha.
Bejarano precisó que hoy arribarán a San José de Algodonal, a unos 4 km de San Ignacio, en donde harán una pausa para esperar a enviados de entidades como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y Derechos Humanos. La idea es ingresar mañana a la ciudad, en presencia de los veedores.
Si embargo, Wálter Colque, representante del comité de bloqueo y dirigente de la Central Obrera Regional (COR), desconocido por la Central Obrera Boliviana (COB), informó que “mototaxistas, maestros, gremiales y carpinteros vamos al paro cívico indefinido, la marcha no pasará”.
Este medio constató anoche que en la tranca a la salida hacia Trinidad, por donde deberían ingresar los marchistas, una veintena de mototaxistas colocó alambres con púas con esa finalidad. La presencia de periodistas les generó molestia.
La caminata de indígenas cumplió ayer el undécimo día. Entre los 300 marchistas está Isidora Noto, una mujer con seis meses de embarazo que está dispuesta a llegar a destino.
“Nite poire La Paz (voy a llegar a La Paz)”, dijo en idioma trinitario mojeño al sostener en brazos a Bianca, su otra hija. “Nos han dicho que no nos quieren en San Ignacio, nosotros marchamos pacíficamente y no molestaremos a nadie”, añadió.
Wilfredo Gutiérrez, líder del Codelcam, afirmó: “No buscamos ninguna confrontación, sólo queremos la carretera”. Hace una semana, San Ignacio bloqueó las carreteras por cinco días en apoyo a la consulta previa y a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Ayer, el mural de bienvenida a Moxos apareció con un grafiti en contra de los marchistas. El comandante departamental de la Policía, Édgar Téllez, estuvo ayer por unas horas en San Ignacio para reunirse con representantes de sectores sociales y garantizar el resguardo a la marcha.
“Hay personal para garantizar el paso, para el resguardo”, dijo el coronel Luis Murillo, del Comando Departamental. Al menos 50 uniformados, 30 de ellos de Trinidad, estarán atentos a los hechos, agregó.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que los marchistas “tienen todas las garantías para que su derecho a marchar pueda ser ejercido libremente”.
Sectores sociales de San Ignacio decidieron en un mitin del sábado formar una cadena humana alrededor de la plaza principal. “Será para que ellos (caminantes) no entren aquí, porque si eso pasa sería una provocación”, indicó Mireya Rossell, del Comité de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Moxos.
Los marchistas —que definieron una nueva plataforma de lucha (ver cuadro de la derecha)— acabaron extenuados su caminata de ayer.
La movilización partió a las 06.00 desde Bermeo y recorrió unos 20 km en siete horas, bajo un sol inclemente y una temperatura promedio de 30 grados a la sombra. Los indígenas llegaron a las orillas de un pequeño lago a unos 10 km de San Ignacio, donde se refrescaron.Para hoy se tiene previsto que la marcha empiece a las 06.00.
8 pedidos de los indígenas
Anulación de la norma de consulta previa.
Solución a daños causados por petroleras en el Aguaragüe (Tarija).
Reversión de 15 millones de hectáreas dadas a privados.
Participación de los 36 pueblos en todo nivel de administración.
Más beneficios con los planes de desarrollo.
Demandan el deslinde jurisdiccional.
Reivindican los 16 pedidos de la VIII marcha.
Esclarecer la intervención en Chaparina.
Plazo para indagar represión vence en 2 días
A dos días de cumplirse seis meses de la única imputación en el marco de las investigaciones de los hechos del 24 y 25 de septiembre de 2011 en Yucumo, Derechos Humanos y el Movimiento Sin Miedo (MSM) temen que todo quede en la impunidad, mientras el Ministerio Público anuncia “novedades” en esta semana.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Yolanda Herrera, dijo que se evitará que el abuso ejercido contra indígenas de la VIII marcha, en Chaparina, quede impune. “No vamos a permitir que se archive ni que quede sobreseído el hecho que ha conmocionado a todo el pueblo boliviano”, señaló.
La represión policial a los marchistas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se dio el 25 de septiembre de 2011, un día después de que un grupo de ellos obligara al canciller David Choquehuanca a caminar junto a la marcha, para romper un cordón policial en Chaparina.
A raíz de estos hechos se presentó una denuncia por la presunta toma como rehén al Canciller, y por parte del MSM se abrieron dos casos, uno por la vulneración de derechos de los indígenas y otro por supuestas irregularidades en el contrato con OAS, empresa que iba a construir la vía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari.
Edwin Herrera, secretario político del MSM, dijo que preocupa que a la fecha la única imputación sea la que derivó en la detención domiciliaria del exsubcomandante de la Policía, Óscar Muñoz (9/11/11). “Nos hace sospechar que podríamos estar en una estrategia de impunidad en el caso”.
Empero, la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, afirmó que “en esta semana los fiscales darán a conocer lo que corresponde en ley; puedo asegurar que habrá novedades”.
Los indígenas que marchan en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) reanudaron ayer la caminata a las 06.00, pero una reunión de delegados decidió por la tarde que no entrarán a la capital ignaciana hasta que observadores lleguen al lugar, pues temen represalias, dijo Bertha Bejarano, presidenta del comité de marcha.
Bejarano precisó que hoy arribarán a San José de Algodonal, a unos 4 km de San Ignacio, en donde harán una pausa para esperar a enviados de entidades como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y Derechos Humanos. La idea es ingresar mañana a la ciudad, en presencia de los veedores.
Si embargo, Wálter Colque, representante del comité de bloqueo y dirigente de la Central Obrera Regional (COR), desconocido por la Central Obrera Boliviana (COB), informó que “mototaxistas, maestros, gremiales y carpinteros vamos al paro cívico indefinido, la marcha no pasará”.
Este medio constató anoche que en la tranca a la salida hacia Trinidad, por donde deberían ingresar los marchistas, una veintena de mototaxistas colocó alambres con púas con esa finalidad. La presencia de periodistas les generó molestia.
La caminata de indígenas cumplió ayer el undécimo día. Entre los 300 marchistas está Isidora Noto, una mujer con seis meses de embarazo que está dispuesta a llegar a destino.
“Nite poire La Paz (voy a llegar a La Paz)”, dijo en idioma trinitario mojeño al sostener en brazos a Bianca, su otra hija. “Nos han dicho que no nos quieren en San Ignacio, nosotros marchamos pacíficamente y no molestaremos a nadie”, añadió.
Wilfredo Gutiérrez, líder del Codelcam, afirmó: “No buscamos ninguna confrontación, sólo queremos la carretera”. Hace una semana, San Ignacio bloqueó las carreteras por cinco días en apoyo a la consulta previa y a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Ayer, el mural de bienvenida a Moxos apareció con un grafiti en contra de los marchistas. El comandante departamental de la Policía, Édgar Téllez, estuvo ayer por unas horas en San Ignacio para reunirse con representantes de sectores sociales y garantizar el resguardo a la marcha.
“Hay personal para garantizar el paso, para el resguardo”, dijo el coronel Luis Murillo, del Comando Departamental. Al menos 50 uniformados, 30 de ellos de Trinidad, estarán atentos a los hechos, agregó.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que los marchistas “tienen todas las garantías para que su derecho a marchar pueda ser ejercido libremente”.
Sectores sociales de San Ignacio decidieron en un mitin del sábado formar una cadena humana alrededor de la plaza principal. “Será para que ellos (caminantes) no entren aquí, porque si eso pasa sería una provocación”, indicó Mireya Rossell, del Comité de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Moxos.
Los marchistas —que definieron una nueva plataforma de lucha (ver cuadro de la derecha)— acabaron extenuados su caminata de ayer.
La movilización partió a las 06.00 desde Bermeo y recorrió unos 20 km en siete horas, bajo un sol inclemente y una temperatura promedio de 30 grados a la sombra. Los indígenas llegaron a las orillas de un pequeño lago a unos 10 km de San Ignacio, donde se refrescaron.Para hoy se tiene previsto que la marcha empiece a las 06.00.
8 pedidos de los indígenas
Anulación de la norma de consulta previa.
Solución a daños causados por petroleras en el Aguaragüe (Tarija).
Reversión de 15 millones de hectáreas dadas a privados.
Participación de los 36 pueblos en todo nivel de administración.
Más beneficios con los planes de desarrollo.
Demandan el deslinde jurisdiccional.
Reivindican los 16 pedidos de la VIII marcha.
Esclarecer la intervención en Chaparina.
Plazo para indagar represión vence en 2 días
A dos días de cumplirse seis meses de la única imputación en el marco de las investigaciones de los hechos del 24 y 25 de septiembre de 2011 en Yucumo, Derechos Humanos y el Movimiento Sin Miedo (MSM) temen que todo quede en la impunidad, mientras el Ministerio Público anuncia “novedades” en esta semana.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Yolanda Herrera, dijo que se evitará que el abuso ejercido contra indígenas de la VIII marcha, en Chaparina, quede impune. “No vamos a permitir que se archive ni que quede sobreseído el hecho que ha conmocionado a todo el pueblo boliviano”, señaló.
La represión policial a los marchistas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se dio el 25 de septiembre de 2011, un día después de que un grupo de ellos obligara al canciller David Choquehuanca a caminar junto a la marcha, para romper un cordón policial en Chaparina.
A raíz de estos hechos se presentó una denuncia por la presunta toma como rehén al Canciller, y por parte del MSM se abrieron dos casos, uno por la vulneración de derechos de los indígenas y otro por supuestas irregularidades en el contrato con OAS, empresa que iba a construir la vía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari.
Edwin Herrera, secretario político del MSM, dijo que preocupa que a la fecha la única imputación sea la que derivó en la detención domiciliaria del exsubcomandante de la Policía, Óscar Muñoz (9/11/11). “Nos hace sospechar que podríamos estar en una estrategia de impunidad en el caso”.
Empero, la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, afirmó que “en esta semana los fiscales darán a conocer lo que corresponde en ley; puedo asegurar que habrá novedades”.
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