Para el 3 de mayo se prepara la fiesta del Chakana Raymi, considerada una de las más antiguas
que vienen de la cultura Tiahuanacota y que se celebra en la punta del cerro chico.
La fiesta se inicia con una concentración en la plaza 10 de Noviembre con el acullico y el encuentro de conjuntos autóctonos y comunidades culturales, luego se realiza un ascenso en romería al cerro chico donde se efectúa la observación astronómica de las constelaciones claras y obscuras.
Cerca de la media noche el Amauta (sabio) elegido realiza una ofrenda de mesa llamada koa (Waxt’a ritual) dirigida a la Pachamama, allí se ofrecen las brazas de una hoguera para que las cenizas se queden en el kay pacha y el humo ascienda al Janaj pacha realizando una conexión entre ambos espacios espirituales.
“Es un momento interesante del año porque no solo es la parte de Chakana Raymi sino se puede observar constelaciones oscuras que son una rareza única en el mundo por ser la cultura que ha podido descifrar la parte de las constelaciones oscuras que estuvieron perdidas por muchos años”, manifestó el investigador Marco Flores sobre esa manifestación.
Dijo que esta tradición del Chakana desde hace nueve años se vuelve a realizar en el cerro lo que antes era un observatorio astronómico, ya que muchas historias existen sobre el cerro pero muy poco se habla de la parte que se ha utilizado como observatorio astronómico y esto se vuelve a rescatar nuevamente.
Esta actividad tradicional será apoyada por la Gobernación de Potosí a través de la Secretaría de Turismo y Cultura con el afiche y el tríptico promocional.
sábado, 7 de abril de 2012
jueves, 5 de abril de 2012
233 niños ayoreos recibieron certificados de nacimiento
Un total de 233 niños ayoreos, menores de 12 años, de 11 comunidades, recibieron certificados de nacimiento de forma gratuita, documento que les servirá para ejercer y beneficiarse de todos los derechos que establece la Constitución Política del Estado en favor de la niñez boliviana.
La información la dio a conocer Roxana Melgar, dirigente de la Central de Ayoreos Nativos del Oriente Boliviano (CANOB), quien dijo que esta actividad es parte de la primera fase del convenio entre esa organización indígena y el SERECI (Servicio de Registro Civil). Para la segunda fase se tiene previsto alcanzar con la entrega de certificados a 27 comunidades en todo el departamento de Santa Cruz.
Señaló que al margen de los niños, 30 personas, mayores de 35 años, también fueron beneficiadas con el saneamiento de sus respectivos certificados de nacimientos para que de esta manera puedan obtener sus cédulas de identidad por primera vez.
La dirigente indígena indicó que más de 105 personas mayores de edad realizarán los trámites respectivos para obtener sus certificados de nacimiento por primera vez.
La información la dio a conocer Roxana Melgar, dirigente de la Central de Ayoreos Nativos del Oriente Boliviano (CANOB), quien dijo que esta actividad es parte de la primera fase del convenio entre esa organización indígena y el SERECI (Servicio de Registro Civil). Para la segunda fase se tiene previsto alcanzar con la entrega de certificados a 27 comunidades en todo el departamento de Santa Cruz.
Señaló que al margen de los niños, 30 personas, mayores de 35 años, también fueron beneficiadas con el saneamiento de sus respectivos certificados de nacimientos para que de esta manera puedan obtener sus cédulas de identidad por primera vez.
La dirigente indígena indicó que más de 105 personas mayores de edad realizarán los trámites respectivos para obtener sus certificados de nacimiento por primera vez.
Más de 6.000 familias Weenhayek viven de la pesca. Cada año son testigos de la merma paulatina de su principal actividad.
Desde tiempos ancestrales la vida del pueblo Weenhayek ha estado ligada a la pesca. A la manera de los legendarios espartanos, desde pequeños los cazadores de las riberas del Pilcomayo, aprenden a manejar las armas que les permitirán dominar el arte y oficio de atrapar al sábalo.
Para Néstor Noke, la primera vez fue cuando tenía 10 años, y para sus cinco hijos el tiempo del aprendizaje fue menor. No obstante, la continúa disminución de cardúmenes que descienden desde el lado argentino, ha hecho disminuir el número de peces en sus redes.
En 2005, acostumbraban levantar alrededor de 180 pescados por día, en 2011 levantaron poco más de 40. Cada año la temporada comienza del 15 de abril al 16 de septiembre, y aunque todavía faltan algunos días, saben que esta temporada la recolección pinta para muchos menos.
"Los niños cada tanto preguntan cuándo vamos a ir a pescar. Aunque son pequeños (el menor tiene siete años) ya saben que se acerca el tiempo de ir al río. Yo no sé qué responderles", cuenta Néstor mientras apunta a su alrededor para decir que esta misma escena se repite en cada una de las 180 familias que componen la comunidad Capirendita, una de las 41 comunidades apostadas en las faldas del río. El pueblo Weenhayek cuenta con un calendario escolar regionalizado diferenciado de acuerdo a lo establecido en la anterior reforma educativa y ratificado por la vigente.
"Los niños cada tanto preguntan cuándo vamos a ir a pescar. Aunque son pequeños (el menor tiene siete años) ya saben que se acerca el tiempo de ir al río. Yo no sé qué responderles", cuenta Néstor mientras apunta a su alrededor para decir que esta misma escena se repite en cada una de las 180 familias que componen la comunidad Capirendita, una de las 41 comunidades apostadas en las faldas del río. El pueblo Weenhayek cuenta con un calendario escolar regionalizado diferenciado de acuerdo a lo establecido en la anterior reforma educativa y ratificado por la vigente.
De esta manera los estudiantes salen en tiempo de pesca, y regresan a clases una vez se termina. Incluso esta situación se produce en las mismas empresas privadas. Por ello empresarios villamontinos se cuidan de cuidar weenhayeks porque aseguran que para la época de pesca abandonan sus trabajos y acuden al llamado de las aguas. "Cómo no van a renunciar si en un día pueden ganar el sueldo de todo un mes", dice el ejecutivo de una fábrica.
De acuerdo a tradición, toda la comunidad se hace partícipe. Hasta los niños reciben un sueldo tras colaborar. El proceso contempla desde el bordado de las redes, el barrido en aguas, hasta la preparación del pez, o la venta. "Mis niños ganan hasta Bs 30 en un buen día", asegura un orgulloso recolector. Para Luca Conora, técnico de la Cidob y delegado por el pueblo Weenhayek, aunque la pesca se constituye en la principal actividad los comunarios no se resisten a buscar ingresos alternativos. Para ello piden programas de incentivo por parte del Estado.
Marta es una vecina de toda la vida en Villamontes, y como muchas otras personas, desconfía de esta afirmación, y asegura que los originarios son "ajenos al trabajo". Una opinión que no comparte, Rufino Salazar, quien es pescador por naturaleza, pero también contratista. Cuenta con más de 20 años de experiencia como albañil, y asegura que sus hijos enfrentan muchos problemas para desarrollarse como profesionales, más que nada por el negativo estigma que les adjudican. Uno de sus hijos es profesor normalista, y el otro técnico ambiental.
La escasez del sábalo no es novedosa. La tendencia venía siendo alertada por los pobladores desde 2010. Para mediados de 2011 la comunidad había participado en un bloqueo de la ruta Yacuiba-Santa Cruz, la vía más importante que conecta al país con Argentina. Entonces lograron reacciones.
Fue la Gobernación de Tarija la institución a cargo de buscar soluciones, pero desde entonces hasta ahora poco fueron los avances, según afirma el segundo capitán grande, Jacinto Ugarte, quien también fuera partícipe de la reunión que sostuvieron recientemente con el presidente del Estado, Evo Morales.
Como resultado obtuvieron más compromisos. "Lo concreto será conformar una comisión a nivel cancillería para que verifique los motivos de la disminución de la población del sábalo", explica Ugarte. Previamente, a principios de febrero de este año, se realizó un sobrevuelo a la parte baja de la ribera del río.
Entonces se comprobó que los límites entre Paraguay y Argentina se encuentran obstruidos por la acumulación de sedimento que cada año arrastra el río (200 millones de toneladas), pero también por desvíos para proyectos de riego (ver página siguiente). Roberto Ruiz, secretario ejecutivo de la Gobernación de Tarija, quien participó de este sobrevuelvo, considera que no se trata de buscar culpables sino de propuestas.
Por eso como medida inmediata, determinaron el cese de la venta comercial del sábalo a otros departamentos, a partir de abril, y la pesca está permitida solo para subsistencia y consumo de las comunidades aledañas al Pilcomayo y para los villamontinos. El periodo que se mantendría esta veda sería de dos a cinco años.
Como una segunda medida de largo aliento, desde la subgobernación de Tarija en Villamontes, el encargado del programa Codefauna, Juan Carlos Ferrari, impulsa un proyecto de repoblamiento del sábalo en ambientes aislados. Para ello propone la ambientación de lagunas en los cuales se pueda criar el sábalo en ambiente cerrado. Sin embargo, el proyecto todavía no cuenta con financiamiento y Ferrufino estimado que de consolidarlo tardaría entre cinco a diez años en ponerlo en marcha.
"Toda Bolivia se alimenta del sábalo del Pilcomayo. Tal como a los mineros, si la actividad cesa esperamos algún tipo de compensación".
Rufino Salazar
Dirigente Weenhayek
Dirigente Weenhayek
Cronología de los hechos. Una protesta con vieja data
11 Septiembre 2010
Peces muertos en Argentina. Comunidades Weenhayek en Argentina alertan a las autoridades de ese país por cientos de peces muertos que yacen en las orillas del río debido a que no pueden seguir su curso natural de desove y reproducción en la zona alta del Pilcomayo. Organizan una reunión con pobladores de Formosa, Salta, Bolivia y Paraguay, para el pronto reencauce de las aguas.
22 Septiembre de 2010
Paraguay realiza sobrevuelos. Autoridades del viceministerio de Obras del Paraguay, inspeccionan la embocadura del río Pilcomayo. Evidencian la presencia de canales de riego que desvían las aguas de su cauce natural. Estas obras hacen que el río quede dividido en dos partes. La primera que inunda a este país, porque desvía el 100% de las aguas y la segunda con menos caudal que es la que va hacia Bolivia.
25 Septiembre 2011
Paraguay militariza frontera. Tras la denuncia por parte del gobierno de Paraguay por la construcción de un canal ilegal en la zona Argentina, militariza la zona, máquinas destruyen el trabajo realizado por los pobladores ribereños. Se forma una comisión binacional (Paraguay-Argentina). Se acuerda normalizar el curso de las aguas. El 7 de octubre del mismo año Argentina comienza el dragado.
12 Marzo 2011
Primeros acuerdos. Frente a los escasos resultados de los trabajos, pobladores de las 41 comunidades Weenhayek, se levanta el bloqueo en la ruta internacional hacia Argentina. Entonces autoridades departamentales y una comisión de alto nivel de la Cancillería se trasladaron hasta Villamontes para comprometerse a gestionar el destaponamiento del río Pilcomayo en la zona baja.
30 Marzo 2012
Compromiso presidencial. Representantes de la comunidad Weenhayek se reúnen con el presidente Evo Morales. Explican una vez más la gravedad del problema y critican la falta de gestión por parte de la Cancillería boliviana. Logran un compromiso en el cual se establece que el próximo 9 y 10 de abril se convocará una reunión trinacional entre vicecancillerías de los países involucrados.
Pescadores de nada. El pueblo Weenhayek, en la provincia Gran Chaco de Tarija, vivió durante décadas de la pesca del sábalo, hoy al borde de desaparecer en aguas bolivianas./Foto: Wilson Gallardo.
Sedimentos bloquean curso
El bañado La Estrella, es un paradisíaco humedal de 400.000 hectáreas de extensión. No obstante su belleza se ve opacada desde 2010 por esta imagen, peces muertos imposibilidades de seguir su curso y cumplir su ciclo natural de vida.
Dragado insuficiente
A mediados de 2011 se encararon proyectos de dragado en el río. Sin embargo, la falta de coordinación entre países hace que en algunos casos se retrace o acelere el proceso. Por eso las comunidades piden la conformación de una Comisión Trinacional del río Pilcomayo.
Desvío de cauces
Cuenta la mitología, que los weenhayek habitaban en la zona alta de las montañas. Contaban con un enorme lago donde podían pescar a su antojo. Sin embargo, un día la ambición de algunos hizo que se persiguiera a más peces de los necesarios, haciendo que estos desborden el lago y caigan montaña abajo. A pesar de todo, estos nunca olvidaron el lugar donde nacieron y cada temporada regresan para reproducirse y recomenzar el ciclo.
Proyecto Pantalón
Proyecto Pantalón
En Embocadura, Formosa, zona del llamado "Bañado La Estrella", se construyó a fines del 2010 una serie de canales con la autorización de los tres países por los que atraviesa el Pilcomayo (Argentina, Paraguay y Bolivia), con la finalidad que se construya un puente que ayude a unir algunas poblaciones. Sin embargo, este proyecto terminó por desviar el cauce natural del río. El nombre del proyecto proviene a raíz que parte el curso en dos, uno hacia el lado paraguayo y otro al boliviano. No obstante, la continua sedimentación hicieron que uno de los lados quede en desnivel. Por tanto en cada época de desove del pescado, este no puede tomar su curso natural hacia Bolivia.
En 2010 el problema comienza a agudizarse, no obstante no logra establecerse dentro de las agendas regionales, departamentales o nacionales.
Perjudicados
Perjudicados
El efecto comienza a sentirse en todo el pueblo. Basta un recorrido en la ciudad para constatar que a diferencia de otros años, ya no funcionan puestos de pescado crudo o cocido alrededor del puente. Queda apenas en la memoria el olor lejano que daba la bienvenido al viajero y le anunciaba su llegada a la capital del sábalo.
Nemesio Paniagua, agricultor que forma parte del Programa de Incentivo de la cría de Pacú, lleva invertidos cerca de 2 mil dólares en este emprendimiento. /Foto: Wilson Gallardo.
¿Nueva capital del pacú?
Nemesio Paniagua, un agricultor de cítricos de la comunidad Igüeme, es uno de los primeros acuicultores de Villamontes. Ingresó a la cría de pacú a mediados de 2011 y tiene alrededor de 6.000 peces que se prepara a comercializar. "El pacú requiere un tiempo de crecimiento de entre seis meses a un año", explica de pie frente a esa leve grieta abierta en el suelo de su propiedad. Antaño acostumbrado a plantar semillas de naranja, mandarina o pomelo, para Nemesio no hubo tiempo de
tomar lecciones. Se hizo todo sobre la marcha, y ahora es un casi un experto. Sabe que debe alimentar a los peces antes de las siete de la mañana, a menos que sea época de invierno en el que su alimentación se retrasa dos horas. Nacido en la tierra del inclemente sol que alcanza los cuarenta grados, sabe que su trabajo le generará buenos ingresos pero además asegura que ayuda a que nunca falten pescados que comer en la ciudad.
Iniciativa municipal
Iniciativa municipal
De acuerdo al alcalde de Villamontes, Roberto Camacho, no existe ningún pescado que pueda superar en sabor al sábalo. No obstante, considera que el repoblamiento demora varios años, por lo que se muestra entusiasta con el nuevo programa piscícola que lleva adelante a través del municipio.
Resultados que ya comienzan a difundirse a través de eventos como la "Festipesca" a realizarse en mayo. "Desde que comenzamos hemos distribuido alrededor de 150.000 alevines (crías) de pacú. Nuestra meta es superar los 500.000 hasta fin de año", estimó.
El proyecto está dirigido a familias en zonas como pie de monte, guaraníes, como también a ganadores y agricultores. El alcalde ve tan buenas proyecciones que se juega a una apuesta: "Acúerdese lo que le digo. Dentro algunos años la gente ya no va a venir por el sábalo, va a venir por el pacú".
Adiós al sábalo gratis
Adiós al sábalo gratis
Para el analista en pesca del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Raúl Saldías, iniciativas como la cría de peces en granja constituye una tendencia en aumento para Villamontes, donde otras instituciones sin fines de lucro también están abocadas a este trabajo. "Este fenómeno apunta a una dura transición de lo público (el pescado al alcance de todo) y lo privado. Lo cual constituye un cambio radical para el pueblo, y en especial para los originarios", dijo.
De igual manera, señaló que es un doble desafío plantearse la cría de sábalo en cautiverio, ya que este pez por naturaleza cumple un ciclo de vida en espacios extensos. "Será difícil que se recupere", advirtió.
Los colonos amenazan a la cultura indígena del Tipnis
Ante los asentamientos de colonizadores y cocaleros en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), muchas culturas indígenas están en riesgo de desaparecer, como ya ocurrió con otras en el pasado.
Es el análisis que realizan expertos medioambientales en la defensa de esa reserva biológica y su diversidad étnica.
La convivencia hizo perder 100 mil hectáreas. El antropólogo Xavier Albó mencionó que la convivencia de 30 años de los indígenas del Tipnis con los colonizadores o cocaleros hizo que los originarios adopten una forma de vida socioeconómica "extraña".
El experto español en asuntos indígenas remarcó que ese relacionamiento provocó el sometimiento, la comercialización de coca, pero también la pérdida de su territorio cuando se hizo la titulación del Tipnis como las TCOs.
"La forma más fuerte en que se afectó a los indígenas fue cuando se otorgó el título del Tipnis, como territorio indígena y les quitan una rebanadita (los colonizadores) de más de 100 mil hectáreas", ironizó Albó.
Son obligados para afiliarse al sindicato. El director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, señaló que en los últimos 3 años las comunidades indígenas de la zona colonizada decidieron sindicalizarse; unas de forma voluntaria y otras obligadas por los cocaleros.
Además dijo que el hecho de que las comunidades decidieran pedir el saneamiento individual hizo que perdieran su participación en el territorio del Tipnis.
La titulación del Isiboro Sécure, ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni, que entregó en 2009 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no contempla a las comunidades que están en el sector colonizado.
Las revelaciones fueron hechas por un estudio de medio ambiente de la Consultora Rumbol, realizado en el 2011.
Incluso el dirigente del Conisur, Gumercindo Pradel, confesó que los indígenas del Polígono 7 son parte de su organización y que siembran coca, ya que están afiliados a la Federación de Productores del Trópico de Cochabamba.
Hay una pérdida cultural. El ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, indicó que lo que ocurre con los indígenas que viven en el Polígono 7 es que van perdiendo su cultura, cosmovisión y forma de vida debido a la absorción de los colonizadores.
En relación a este panorama, dijo que no solo se trata de pérdidas físicas en el caso de muerte de indígenas, sino de la desaparición de la cultura de los pueblos étnicos.
Manifestó que la situación en el Tipnis se agravaría con la construcción del tramo II de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari que busca atravesar el corazón del parque.
Alambran su comunidad. El representante de la Organización de la Subcentral Tipnis, Bernabé Noza, comentó que las comunidades de Limo y Sasama decidieron cercar su territorio con alambrados, temerosos del avasallamiento. Recordó que solo Santísima Trinidad se mantiene como una comunidad en el Polígono 7, pese a la presión de los cocaleros por apropiarse de sus tierras.
Subcentral paralela. Por otro lado, Noza denunció que el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, está creando paralelas de la Subcentral Sécure "al nombrar a 14 falsos corregidores de las 22 comunidades de la zona".
"La finalidad del Gobierno es debilitar la IX marcha y generar enfrentamientos entre hermanos, por eso todo lo que pase en el interior del territorio será responsabilidad de ellos", afirmó el dirigente indígena. Aseguró que los seudodirigentes pretenden tomar sus oficinas en Trinidad.
Denuncia
Emisaria de Gobierno ofrece acuerdos para impedir la IX marcha
Denuncia. "El Gobierno quiere firmar un convenio con ustedes, pero cuidado con marchar", advirtió una funcionaria del Ministerio de Gobierno, que se acercó la semana pasada a la directiva de la Central de Pueblos Indígena del Beni (CPIB), indicó la vicepresidente de esa organización, Nazareth Flores.
Señaló que esta declaración generó molestia en su entorno. Sin embargo, optaron por quedarse en la sede para escuchar el mensaje que llevó la empleada pública.
La dirigente originaria comentó que aprovecharon el momento para decirle que el Gobierno tiene la responsabilidad de atender sus demandas. Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que esta semana iba a firmar un convenio con esa regional que está afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), pero desconoce la fecha para el encuentro con el Gobierno./Erbol
Es el análisis que realizan expertos medioambientales en la defensa de esa reserva biológica y su diversidad étnica.
La convivencia hizo perder 100 mil hectáreas. El antropólogo Xavier Albó mencionó que la convivencia de 30 años de los indígenas del Tipnis con los colonizadores o cocaleros hizo que los originarios adopten una forma de vida socioeconómica "extraña".
El experto español en asuntos indígenas remarcó que ese relacionamiento provocó el sometimiento, la comercialización de coca, pero también la pérdida de su territorio cuando se hizo la titulación del Tipnis como las TCOs.
"La forma más fuerte en que se afectó a los indígenas fue cuando se otorgó el título del Tipnis, como territorio indígena y les quitan una rebanadita (los colonizadores) de más de 100 mil hectáreas", ironizó Albó.
Son obligados para afiliarse al sindicato. El director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, señaló que en los últimos 3 años las comunidades indígenas de la zona colonizada decidieron sindicalizarse; unas de forma voluntaria y otras obligadas por los cocaleros.
Además dijo que el hecho de que las comunidades decidieran pedir el saneamiento individual hizo que perdieran su participación en el territorio del Tipnis.
La titulación del Isiboro Sécure, ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni, que entregó en 2009 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no contempla a las comunidades que están en el sector colonizado.
Las revelaciones fueron hechas por un estudio de medio ambiente de la Consultora Rumbol, realizado en el 2011.
Incluso el dirigente del Conisur, Gumercindo Pradel, confesó que los indígenas del Polígono 7 son parte de su organización y que siembran coca, ya que están afiliados a la Federación de Productores del Trópico de Cochabamba.
Hay una pérdida cultural. El ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, indicó que lo que ocurre con los indígenas que viven en el Polígono 7 es que van perdiendo su cultura, cosmovisión y forma de vida debido a la absorción de los colonizadores.
En relación a este panorama, dijo que no solo se trata de pérdidas físicas en el caso de muerte de indígenas, sino de la desaparición de la cultura de los pueblos étnicos.
Manifestó que la situación en el Tipnis se agravaría con la construcción del tramo II de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari que busca atravesar el corazón del parque.
Alambran su comunidad. El representante de la Organización de la Subcentral Tipnis, Bernabé Noza, comentó que las comunidades de Limo y Sasama decidieron cercar su territorio con alambrados, temerosos del avasallamiento. Recordó que solo Santísima Trinidad se mantiene como una comunidad en el Polígono 7, pese a la presión de los cocaleros por apropiarse de sus tierras.
Subcentral paralela. Por otro lado, Noza denunció que el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, está creando paralelas de la Subcentral Sécure "al nombrar a 14 falsos corregidores de las 22 comunidades de la zona".
"La finalidad del Gobierno es debilitar la IX marcha y generar enfrentamientos entre hermanos, por eso todo lo que pase en el interior del territorio será responsabilidad de ellos", afirmó el dirigente indígena. Aseguró que los seudodirigentes pretenden tomar sus oficinas en Trinidad.
Denuncia
Emisaria de Gobierno ofrece acuerdos para impedir la IX marcha
Denuncia. "El Gobierno quiere firmar un convenio con ustedes, pero cuidado con marchar", advirtió una funcionaria del Ministerio de Gobierno, que se acercó la semana pasada a la directiva de la Central de Pueblos Indígena del Beni (CPIB), indicó la vicepresidente de esa organización, Nazareth Flores.
Señaló que esta declaración generó molestia en su entorno. Sin embargo, optaron por quedarse en la sede para escuchar el mensaje que llevó la empleada pública.
La dirigente originaria comentó que aprovecharon el momento para decirle que el Gobierno tiene la responsabilidad de atender sus demandas. Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que esta semana iba a firmar un convenio con esa regional que está afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), pero desconoce la fecha para el encuentro con el Gobierno./Erbol
miércoles, 4 de abril de 2012
Comunidad Chipaya recibe medicinas y alimentos
La comunidad chipaya sufre las consecuencias de las inclemencias de la naturaleza.
El ministerio de Desarrollo Rural y Tierras entregó 14 toneladas de alimento y vitaminas para ganado ovino, camélido y porcino al municipio de Chipaya del departamento de Oruro, informó ayer el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez.
Explicó que éste municipio fue afectado por las fuertes lluvias que provocaron el desborde del río Lauca y Bara, que hasta la fecha provocaron que los pastizales se encuentren bajo el agua, esto hace que los animales estén en riesgo por falta de alimento.
“Nos han informado que sufrieron la mortandad de llamas por falta de alimento y forraje, así que estas son las acciones que estamos tomando para colaborar a la población afectada, sobre todo al pueblo de los chipayas que son los más afectados por estos desastres”, afirmó la autoridad.
El Viceministerio de Desarrollo Rural puso a disposición de las poblaciones afectadas forraje consistente en 10 toneladas de afrecho de trigo, 4 toneladas de sales minerales y 20 frascos de vitaminas para aproximadamente 10 mil cabezas de ganado ovino y camélido.
Vásquez informó que paralelamente a esa ayuda, en coordinación con la Gobernación de Oruro también enviarán vituallas, alimentos, medicinas y ropa a las más de 316 familias damnificadas.
“La dotación de estos elementos servirán para paliar los efectos provocados por los destres naturales que han sufrido desde el mes de diciembre cuando se reporto las primeras inundaciones y rebalses de lo río Lauca que afectó a toda la región”, sostuvo.
El ministerio de Desarrollo Rural y Tierras entregó 14 toneladas de alimento y vitaminas para ganado ovino, camélido y porcino al municipio de Chipaya del departamento de Oruro, informó ayer el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez.
Explicó que éste municipio fue afectado por las fuertes lluvias que provocaron el desborde del río Lauca y Bara, que hasta la fecha provocaron que los pastizales se encuentren bajo el agua, esto hace que los animales estén en riesgo por falta de alimento.
“Nos han informado que sufrieron la mortandad de llamas por falta de alimento y forraje, así que estas son las acciones que estamos tomando para colaborar a la población afectada, sobre todo al pueblo de los chipayas que son los más afectados por estos desastres”, afirmó la autoridad.
El Viceministerio de Desarrollo Rural puso a disposición de las poblaciones afectadas forraje consistente en 10 toneladas de afrecho de trigo, 4 toneladas de sales minerales y 20 frascos de vitaminas para aproximadamente 10 mil cabezas de ganado ovino y camélido.
Vásquez informó que paralelamente a esa ayuda, en coordinación con la Gobernación de Oruro también enviarán vituallas, alimentos, medicinas y ropa a las más de 316 familias damnificadas.
“La dotación de estos elementos servirán para paliar los efectos provocados por los destres naturales que han sufrido desde el mes de diciembre cuando se reporto las primeras inundaciones y rebalses de lo río Lauca que afectó a toda la región”, sostuvo.
Dos tercios de las comunidades del TIPNIS participarán en la novena marcha indígena
El presidente de la subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, en entrevista con EL DIARIO, explicó que de las 64 comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, ocho pertenecen al Polígono 7 y son parte del Consejo Indígena del Sur (Conisur). De las 56 comunidades que quedan, 43 están en contra de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y aseguraron su participación en la IX marcha.
“Las ocho comunidades que pertenecen al Polígono 7, han decidido individualizar su derecho propietario colectivo, lo que hace que haya solamente 56 comunidades, de las cuales 43 comunidades están en contra de la construcción de la carretera, pero aún no hemos llegado a las 13 comunidades que quedarían de las esas 56”, explicó Vargas.
Si se realiza una suma entre las ocho comunidades que pertenecen al Conisur y las 13 que aún no definieron su apoyo a la realización de la IX marcha indígena, se tiene un total de 21 comunidades.
“Son 43 comunidades que están en contra de la carretera y a favor de la marcha y rechazan la consulta. Han ratificado el cumplimiento de la Ley 180 y han manifestado su apoyo a la movilización”, puntualizó Vargas al destacar que son más de dos tercios de las comunidades habilitadas para el proceso de consulta, que rechazan las acciones gubernamentales.
ESTRUCTURA
Por otro lado, el dirigente de la Cidob, Lázaro Tacoó, explicó que la estructura de los pueblos indígenas mantiene un total de 13 centrales regionales, las cuales están afiliadas a esta confederación indígena.
“La cantidad de habitantes de cada central regional, depende de la conformación de cada una de ellas. Hay centrales que tienen más de un pueblo, a veces las conforman un solo pueblo”, agregó.
Asimismo, indicó que la Subcentral del TIPNIS, con sus 64 comunidades, está afiliada a una de estas regionales.
Vargas, en tanto, afirmó que los recientes acuerdos firmados entre el Ejecutivo y las 11 centrales regionales de la Cidob, son acuerdos programáticos, que son una obligación del Gobierno en cuanto a la atención a los pueblos de Tierras Bajas.
“Una cosa es que nos den un regalo y otra cosa el derecho de exigir, el respeto del territorio y nuestra propia vida. Además lo que nos van a traer o nos traen, no es plata de otros ni de su bolsillo, es plata del aporte de los bolivianos y nuestros propios recursos. Es una obligación que tiene el Estado, no de ahora, sino antes y nunca lo han hecho. Sólo por el interés de la carretera, se han acordado esta vez”, expresó.
Para el dirigente Tacoó, los pueblos indígenas, no olvidan la represión policial en Chaparina, la vulneración a sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la “imposición” del aparato estatal a través de normas inconstitucionales.
“Pretenden dividir a las comunidades y a las regionales; lo que está haciendo es reinar a costa de servir a las transnacionales por el tramo carretero que el TIPNIS y la Confederación ha rechazado contundentemente con la VIII marcha”, aseveró.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que el aparato gubernamental, logró firmar acuerdos programáticos y productivos con 11 centrales regionales afiliadas a la Cidob, con excepción de dos.
Mientras, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS) señaló que con la finalidad de recoger aportes para ser tomados en cuenta durante la reunión que se llevará a cabo entre los representantes de las Naciones Unidas en Bolivia, el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo, se realizará una serie de actividades de interrelación para forjar las bases de la Ley Marco de Consulta y la aplicación de la “consulta previa” en las comunidades del TIPNIS.
“Las ocho comunidades que pertenecen al Polígono 7, han decidido individualizar su derecho propietario colectivo, lo que hace que haya solamente 56 comunidades, de las cuales 43 comunidades están en contra de la construcción de la carretera, pero aún no hemos llegado a las 13 comunidades que quedarían de las esas 56”, explicó Vargas.
Si se realiza una suma entre las ocho comunidades que pertenecen al Conisur y las 13 que aún no definieron su apoyo a la realización de la IX marcha indígena, se tiene un total de 21 comunidades.
“Son 43 comunidades que están en contra de la carretera y a favor de la marcha y rechazan la consulta. Han ratificado el cumplimiento de la Ley 180 y han manifestado su apoyo a la movilización”, puntualizó Vargas al destacar que son más de dos tercios de las comunidades habilitadas para el proceso de consulta, que rechazan las acciones gubernamentales.
ESTRUCTURA
Por otro lado, el dirigente de la Cidob, Lázaro Tacoó, explicó que la estructura de los pueblos indígenas mantiene un total de 13 centrales regionales, las cuales están afiliadas a esta confederación indígena.
“La cantidad de habitantes de cada central regional, depende de la conformación de cada una de ellas. Hay centrales que tienen más de un pueblo, a veces las conforman un solo pueblo”, agregó.
Asimismo, indicó que la Subcentral del TIPNIS, con sus 64 comunidades, está afiliada a una de estas regionales.
Vargas, en tanto, afirmó que los recientes acuerdos firmados entre el Ejecutivo y las 11 centrales regionales de la Cidob, son acuerdos programáticos, que son una obligación del Gobierno en cuanto a la atención a los pueblos de Tierras Bajas.
“Una cosa es que nos den un regalo y otra cosa el derecho de exigir, el respeto del territorio y nuestra propia vida. Además lo que nos van a traer o nos traen, no es plata de otros ni de su bolsillo, es plata del aporte de los bolivianos y nuestros propios recursos. Es una obligación que tiene el Estado, no de ahora, sino antes y nunca lo han hecho. Sólo por el interés de la carretera, se han acordado esta vez”, expresó.
Para el dirigente Tacoó, los pueblos indígenas, no olvidan la represión policial en Chaparina, la vulneración a sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la “imposición” del aparato estatal a través de normas inconstitucionales.
“Pretenden dividir a las comunidades y a las regionales; lo que está haciendo es reinar a costa de servir a las transnacionales por el tramo carretero que el TIPNIS y la Confederación ha rechazado contundentemente con la VIII marcha”, aseveró.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que el aparato gubernamental, logró firmar acuerdos programáticos y productivos con 11 centrales regionales afiliadas a la Cidob, con excepción de dos.
Mientras, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS) señaló que con la finalidad de recoger aportes para ser tomados en cuenta durante la reunión que se llevará a cabo entre los representantes de las Naciones Unidas en Bolivia, el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo, se realizará una serie de actividades de interrelación para forjar las bases de la Ley Marco de Consulta y la aplicación de la “consulta previa” en las comunidades del TIPNIS.
Indígenas ponen condiciones para dialogar
El presidente de la Subcentral indígena del TIPNIS, Fernando Vargas, expuso dos condiciones para dialogar con el Gobierno: reconocer el derecho a la vida que tienen las comunidades indígenas y el derecho que tienen a que se les respete el territorio de su propiedad.
Vargas participó en el Primer Encuentro Urbano Indígena, que se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde se dieron cita varios sectores para apoyar la IX marcha, que partirá el próximo 25 de abril, desde la localidad de Chaparina, Beni, en rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
EL GOBIERNO DIVIDE A LOS INDÍGENAS. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su satisfacción por haber consolidado acuerdos programáticos y productivos con —dijo— siete organizaciones indígenas, excepto dos afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
Los dirigentes dicen que se trata de la “compra de conciencias”, aunque el Gobierno considera que busca establecer la consolidación de proyectos productivos para profundizar mecanismos y oportunidades en materia de gestión territorial, además de fortalecer la infraestructura.
“No es parte de las prácticas ni del modo de operación del Gobierno dividir a las organizaciones, por el contrario, éste es un proceso de cambio que se sustenta en la fortaleza de las organizaciones sociales, y si ha habido un avance programático con las regionales, es porque cada una tiene una realidad específica”.
Vargas participó en el Primer Encuentro Urbano Indígena, que se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde se dieron cita varios sectores para apoyar la IX marcha, que partirá el próximo 25 de abril, desde la localidad de Chaparina, Beni, en rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
EL GOBIERNO DIVIDE A LOS INDÍGENAS. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su satisfacción por haber consolidado acuerdos programáticos y productivos con —dijo— siete organizaciones indígenas, excepto dos afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
Los dirigentes dicen que se trata de la “compra de conciencias”, aunque el Gobierno considera que busca establecer la consolidación de proyectos productivos para profundizar mecanismos y oportunidades en materia de gestión territorial, además de fortalecer la infraestructura.
“No es parte de las prácticas ni del modo de operación del Gobierno dividir a las organizaciones, por el contrario, éste es un proceso de cambio que se sustenta en la fortaleza de las organizaciones sociales, y si ha habido un avance programático con las regionales, es porque cada una tiene una realidad específica”.
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