"El gobierno nos quiere amedrentar al querer cambiar el tipo penal de secuestro al canciller David Choquehuanca a tentativa de homicidio y lesiones graves”, afirmó Justa Cabrera, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).
Manifestó que el presidente Evo Morales es insensible con las mujeres indígenas del país, ya que está afanado en que se las enjuicie para impedir la realización de la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Aseguró que las mujeres indígenas no tienen miedo y anunció que se presentarán a declarar las veces que requiera el Ministerio Público.
“No tenemos miedo, nunca hemos cometido ningún delito, sólo nos agarramos de los brazos del Canciller para poder pasar el bloqueo de los cocaleros en Yucumo”, aseveró.
Justicia subordinada Por otra parte, Justa Cabrera, presidenta de las Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), lamentó que la justicia del país esté subordinada al Órgano Ejecutivo, puesto que por un lado da celeridad al caso del Canciller y, por otro, hay retraso en las investigaciones sobre la violenta represión a los indígenas de la VIII marcha en la localidad de Yucumo en septiembre de 2011.
“No hay independencia de poderes, la justicia está manejada políticamente por el presidente Evo Morales. Es lamentable la actitud del Ministerio Público, que se puede esperar de los fiscales, son serviles al gobierno nacional”, concluyó.
viernes, 9 de marzo de 2012
El TIPNIS es intangible mediante decreto
La norma prohíbe los asentamientos ilegales, el aprovechamiento forestal con fines comerciales y proyectos que provoquen impactos ambientales en la región. Reconoce la gestión compartida con los indígenas.
El Gobierno promulgó el viernes 24 de febrero el Decreto Supremo 1146 que reglamenta la Ley 180, que define el carácter intangible del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y además prohíbe la ejecución de megaproyectos.
EL DECRETO CONTRADICE LA LEY 222. El mencionado documento fue promulgado 14 días después de que el presidente Evo Morales promulgara la Ley de Consulta 222, para que sean los mismos indígenas quienes definan si permitirán la construcción de una carretera, como demandaron con una marcha los habitantes del Consejo Indígena del Sur (Conisur), quienes forman parte del polígono 7, pero que no son propietarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS.
En sus considerandos, la mencionada norma emana del deber que tiene el Estado de respetar los “derechos de gestión territorial de los pueblos indígenas”, en las áreas de doble condición, área protegida y territorio indígena, rango que tiene precisamente el TIPNIS. Se recuerda, además, la vigencia del artículo 385 de la Constitución, que establece que estos territorios son “un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país”, y respeta las áreas protegidas.
Se RECONOCE LA AUTONOMÍA INDÍGENA. La Ley 180 fue promulgada después de una marcha de más de 60 días que protagonizaron indígenas de tierras bajas y altas del país, encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. La movilización fue reprimida el 25 de septiembre, pero no se logró frenarla y llegó a la sede del Gobierno el 19 de octubre en medio de una multitudinaria presencia de pobladores de La Paz.
La marcha demandó, principalmente, que se respete el territorio indígena y se suspenda la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, planificado para cruzar por el centro del TIPNIS.
El Decreto 1146 establece que su objetivo es reglamentar la Ley 180, que fue promulgada el 24 de octubre de 2011, y además reconoce la doble condición (área protegida y territorio indígena) de la que gozan los pueblos indígenas yuracaré, tsimane y moxeño-trinitario, que residen en esa área natural.
Esta doble condición, dice la reglamentación, “no impide el acceso a la condición de autonomía indígena”, pero principalmente, destaca, en el artículo tercero, la declaración de intangibilidad, y garantiza “el uso tradicional no comercial de los recursos renovables por parte de los tres pueblos indígenas que la habitan. “La intangibilidad —dice— se aplica a actores internos y/o externos en virtud a la necesidad de conservar los valores naturales y culturales excepcionales, y garantizar la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS”.
Se prohíben los asentamientos humanos u ocupación ilegal de tierras, el aprovechamiento forestal con fines comerciales, y ejecutar “megaproyectos, obras y actividades de gran escala, que provocan y/o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos” en la región.
En el artículo quinto se reglamenta la “gestión compartida del área protegida del TIPNIS”, entre el Estado y los indígenas.
60 días es el tiempo en que se debe aprobar una norma para ejecutar proyectos económicos no prohibidos.
180 días es el plazo para ejecutar un plan de recuperación de los recursos afectados en el área protegida.
El DECRETO QUE PROTEGE
El Decreto 1146 consta de 12 artículos y su objetivo es el de reglamentar la ley que demandaron los indígenas del TIPNIS con una marcha.
DECRETO 1146
El decreto reconoce la doble condición del TIPNIS; como área protegida y como territorio indígena, sin negar el acceso a la autonomía indígena.
Prohíbe asentamientos, comercio forestal y obras que pudieran ocasionar impactos ambientales, “cambios socioeconómicos y culturales negativos”.
Los emprendimientos económicos no prohibidos se ajustarán a un procedimiento mediante una “norma técnica consensuada”, que debe ser elaborada y aprobada en un plazo de 60 días.
La norma reconoce la necesidad de “recuperación de las áreas deforestadas por el cultivo de coca y otros productos comerciales, debiendo iniciar su implementación en los siguientes 180 días”.
Los asentamientos ilegales pueden ser denunciados ante el Ministerio de Gobierno para que la fuerza pública proceda al desalojo de los invasores.
El Gobierno promulgó el viernes 24 de febrero el Decreto Supremo 1146 que reglamenta la Ley 180, que define el carácter intangible del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y además prohíbe la ejecución de megaproyectos.
EL DECRETO CONTRADICE LA LEY 222. El mencionado documento fue promulgado 14 días después de que el presidente Evo Morales promulgara la Ley de Consulta 222, para que sean los mismos indígenas quienes definan si permitirán la construcción de una carretera, como demandaron con una marcha los habitantes del Consejo Indígena del Sur (Conisur), quienes forman parte del polígono 7, pero que no son propietarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS.
En sus considerandos, la mencionada norma emana del deber que tiene el Estado de respetar los “derechos de gestión territorial de los pueblos indígenas”, en las áreas de doble condición, área protegida y territorio indígena, rango que tiene precisamente el TIPNIS. Se recuerda, además, la vigencia del artículo 385 de la Constitución, que establece que estos territorios son “un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país”, y respeta las áreas protegidas.
Se RECONOCE LA AUTONOMÍA INDÍGENA. La Ley 180 fue promulgada después de una marcha de más de 60 días que protagonizaron indígenas de tierras bajas y altas del país, encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. La movilización fue reprimida el 25 de septiembre, pero no se logró frenarla y llegó a la sede del Gobierno el 19 de octubre en medio de una multitudinaria presencia de pobladores de La Paz.
La marcha demandó, principalmente, que se respete el territorio indígena y se suspenda la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, planificado para cruzar por el centro del TIPNIS.
El Decreto 1146 establece que su objetivo es reglamentar la Ley 180, que fue promulgada el 24 de octubre de 2011, y además reconoce la doble condición (área protegida y territorio indígena) de la que gozan los pueblos indígenas yuracaré, tsimane y moxeño-trinitario, que residen en esa área natural.
Esta doble condición, dice la reglamentación, “no impide el acceso a la condición de autonomía indígena”, pero principalmente, destaca, en el artículo tercero, la declaración de intangibilidad, y garantiza “el uso tradicional no comercial de los recursos renovables por parte de los tres pueblos indígenas que la habitan. “La intangibilidad —dice— se aplica a actores internos y/o externos en virtud a la necesidad de conservar los valores naturales y culturales excepcionales, y garantizar la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS”.
Se prohíben los asentamientos humanos u ocupación ilegal de tierras, el aprovechamiento forestal con fines comerciales, y ejecutar “megaproyectos, obras y actividades de gran escala, que provocan y/o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos” en la región.
En el artículo quinto se reglamenta la “gestión compartida del área protegida del TIPNIS”, entre el Estado y los indígenas.
60 días es el tiempo en que se debe aprobar una norma para ejecutar proyectos económicos no prohibidos.
180 días es el plazo para ejecutar un plan de recuperación de los recursos afectados en el área protegida.
El DECRETO QUE PROTEGE
El Decreto 1146 consta de 12 artículos y su objetivo es el de reglamentar la ley que demandaron los indígenas del TIPNIS con una marcha.
DECRETO 1146
El decreto reconoce la doble condición del TIPNIS; como área protegida y como territorio indígena, sin negar el acceso a la autonomía indígena.
Prohíbe asentamientos, comercio forestal y obras que pudieran ocasionar impactos ambientales, “cambios socioeconómicos y culturales negativos”.
Los emprendimientos económicos no prohibidos se ajustarán a un procedimiento mediante una “norma técnica consensuada”, que debe ser elaborada y aprobada en un plazo de 60 días.
La norma reconoce la necesidad de “recuperación de las áreas deforestadas por el cultivo de coca y otros productos comerciales, debiendo iniciar su implementación en los siguientes 180 días”.
Los asentamientos ilegales pueden ser denunciados ante el Ministerio de Gobierno para que la fuerza pública proceda al desalojo de los invasores.
Los indígenas de Ecuador marchan contra Correa
La movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena ecuatoriana, arrancó ayer desde una región amazónica al sudeste del país con rumbo a Quito, adonde prevé llegar el próximo jueves 22.
Los aborígenes rechazan la política de minería emprendida por el presidente Rafael Correa, ya que contaminará los ríos y desplazará a las comunidades; además, exigen la aprobación de leyes para regular el manejo del agua y redistribuir las tierras.
Esta semana, el Gobierno firmó el primer contrato con China para explotar cobre en Zamora Chinchipe, provincia de la que partirá la marcha indígena con rumbo a la capital, Quito.
La caminata. La marcha indígena partió del lugar en el que se desarrollará el primer proyecto de minería a gran escala impulsado por el Gobierno ecuatoriano.
Correa afirmó que la movilización indígena busca desestabilizar a su Gobierno.
Los indígenas tuvieron un papel importante en las caídas de los mandatarios Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000), pero su estructura organizativa se debilitó tras su participación en el Gobierno del también defenestrado Lucio Gutiérrez, según medios internacionales.
Los aborígenes rechazan la política de minería emprendida por el presidente Rafael Correa, ya que contaminará los ríos y desplazará a las comunidades; además, exigen la aprobación de leyes para regular el manejo del agua y redistribuir las tierras.
Esta semana, el Gobierno firmó el primer contrato con China para explotar cobre en Zamora Chinchipe, provincia de la que partirá la marcha indígena con rumbo a la capital, Quito.
La caminata. La marcha indígena partió del lugar en el que se desarrollará el primer proyecto de minería a gran escala impulsado por el Gobierno ecuatoriano.
Correa afirmó que la movilización indígena busca desestabilizar a su Gobierno.
Los indígenas tuvieron un papel importante en las caídas de los mandatarios Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000), pero su estructura organizativa se debilitó tras su participación en el Gobierno del también defenestrado Lucio Gutiérrez, según medios internacionales.
jueves, 8 de marzo de 2012
Weenhayekes anuncian bloqueo por el Pilcomayo
El capitán Grande de la Organización de Capitanías Weenhayek y Tapiete de Tarija (ORCAWRTA), Moisés Sapiranda, informó que existe molestia entre los indígenas contra el gobierno porque a última hora desistió de participar en la comisión de inspección al río Pilcomayo.
El indígena criticó que el canciller, David Choquehuanca, pese al compromiso, no sea parte del trabajo junto a las autoridades departamentales y municipales de la región tarijeña, ya que el problema de este afluente involucra a los países de Argentina y Paraguay.
“Hemos recibido una información departe del Canciller (David Choquehuanca) de que ellos no se van a comprometerse en nada para la inspección que ya empezó en el río Pilcomayo”, señaló el dirigente a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Según el indígena, el gobierno anunció que inspeccionará el Pilcomayo en otra fecha, lo que causó molestia en los indígenas weenhayek que adelantaron que se reunirán este tarde para tomar una posición sobre esta situación. No se descarta el inicio del bloqueo de la carretera Villamontes-Yacuiba, ya que debido a este problema los indígenas se quedan sin trabajo porque el río Pilcomayo se queda sin sábalos.
Sapiranda explicó que una comisión del municipio Yacuiba, con la participación de representantes de la gobernación tarijeña y una delegación indígena, ya salieron el martes rumbo a Foromosa de Argentina para empezar a verificar el nivel de sedimento del río y el supuesto desvío del curso de las aguas de ese afluente al lado paraguayo.
“Las autoridades regionales están trabajando, pero no es su tuición resolver un problema con otros países; donde debería intervenir la Canciller porque nosotros hemos visto que no podemos hacer nada acudiendo a nuestras autoridades regionales, todo depende del Canciller (…) pero aquí hay un incumplimiento total departe del gobierno”, puntualizó.
El indígena criticó que el canciller, David Choquehuanca, pese al compromiso, no sea parte del trabajo junto a las autoridades departamentales y municipales de la región tarijeña, ya que el problema de este afluente involucra a los países de Argentina y Paraguay.
“Hemos recibido una información departe del Canciller (David Choquehuanca) de que ellos no se van a comprometerse en nada para la inspección que ya empezó en el río Pilcomayo”, señaló el dirigente a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Según el indígena, el gobierno anunció que inspeccionará el Pilcomayo en otra fecha, lo que causó molestia en los indígenas weenhayek que adelantaron que se reunirán este tarde para tomar una posición sobre esta situación. No se descarta el inicio del bloqueo de la carretera Villamontes-Yacuiba, ya que debido a este problema los indígenas se quedan sin trabajo porque el río Pilcomayo se queda sin sábalos.
Sapiranda explicó que una comisión del municipio Yacuiba, con la participación de representantes de la gobernación tarijeña y una delegación indígena, ya salieron el martes rumbo a Foromosa de Argentina para empezar a verificar el nivel de sedimento del río y el supuesto desvío del curso de las aguas de ese afluente al lado paraguayo.
“Las autoridades regionales están trabajando, pero no es su tuición resolver un problema con otros países; donde debería intervenir la Canciller porque nosotros hemos visto que no podemos hacer nada acudiendo a nuestras autoridades regionales, todo depende del Canciller (…) pero aquí hay un incumplimiento total departe del gobierno”, puntualizó.
Congreso campesino en Andamarca posibilitará elección de dirigentes
El comité Ad hoc de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Oruro (Fsutco), convoca a los representantes de las 16 provincias del departamento al XVII congreso a desarrollarse en Santiago de Andamarca, los días 10 y 11 de marzo donde se elegirá a los nuevos dirigentes, informó el presidente del comité, Sandro Molina.
Tras los enfrentamientos y avasallamientos que sufrieron los comunarios de Salinas, el comité Ad hoc convoca a las 16 provincias a un congreso para elegir a sus dirigentes y lograr la unión departamental.
Para participar de esta convocatoria los participantes deben ser elegidos democráticamente en un ampliado provincial o regional con el respaldo de sus autoridades originarias.
No pueden participar sean funcionarios públicos de la Gobernación o municipios, tampoco dirigentes y ex dirigentes que tengan cuentas pendientes con la Fsutco u organizaciones provinciales, regionales, sindicatos comunales.
Cada participante debe portar su credencial firmado y sellado por sus autoridades originarias, quienes deben llevar las listas de los representantes, antes del 9 de marzo.
A dicho congreso también están invitados el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, gobernador Santos Tito, senadores, diputados, asambleístas departamentales, Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb)y prensa oral y escrita.
"Lo único que me preocupa es la unidad, debe existir un solo camino para la Fsutco, a través del diálogo y la unidad", declaró Molina.
A la vez recordó que tienen muchos temas a tratar como el afectado que perdió las dos manos, en defensa de tierras en el conflicto limítrofe que atraviesan Oruro y Potosí, así como, la indemnización que debe percibir, "En este congreso se determinarán las medidas que vamos a tomar", aseguró.
Tras los enfrentamientos y avasallamientos que sufrieron los comunarios de Salinas, el comité Ad hoc convoca a las 16 provincias a un congreso para elegir a sus dirigentes y lograr la unión departamental.
Para participar de esta convocatoria los participantes deben ser elegidos democráticamente en un ampliado provincial o regional con el respaldo de sus autoridades originarias.
No pueden participar sean funcionarios públicos de la Gobernación o municipios, tampoco dirigentes y ex dirigentes que tengan cuentas pendientes con la Fsutco u organizaciones provinciales, regionales, sindicatos comunales.
Cada participante debe portar su credencial firmado y sellado por sus autoridades originarias, quienes deben llevar las listas de los representantes, antes del 9 de marzo.
A dicho congreso también están invitados el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, gobernador Santos Tito, senadores, diputados, asambleístas departamentales, Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb)y prensa oral y escrita.
"Lo único que me preocupa es la unidad, debe existir un solo camino para la Fsutco, a través del diálogo y la unidad", declaró Molina.
A la vez recordó que tienen muchos temas a tratar como el afectado que perdió las dos manos, en defensa de tierras en el conflicto limítrofe que atraviesan Oruro y Potosí, así como, la indemnización que debe percibir, "En este congreso se determinarán las medidas que vamos a tomar", aseguró.
Crecida del río Lauca afecta a 200 familias en Chipaya
La crecida y desborde del río Lauca afectó a 200 familias que habitan las comunidades aledañas al Municipio de Chipaya, a las que hoy se les entregará víveres y combustible para que puedan preparar sus alimentos.
El secretario departamental de Medio Ambiente y Madre Tierra, Félix Callata informó que una comisión se dirigió el martes a ese municipio, para evaluar los daños, pero no pudo regresar precisamente porque el agua anegó los caminos.
"La comisión no retornó, pero mediante línea telefónica avisaron que son 200 familias afectadas por lo que la ayuda va en esa cantidad. Con estas lluvias no existen los combustibles con los que ellos preparan sus alimentos, como son la bosta de ganado y leña, por lo que estamos llevando gas licuado de petróleo (GLP)", manifestó Callata.
Indicó que ayer se realizó la compra de arroz, fideo, aceite, harina y verduras, además de medicamentos y agua, para socorrer a los damnificados.
Chipaya ya se vio afectado el mes de enero y también el Gobierno Autónomo Departamental socorrió con vituallas, medicamentos y otros pero nuevamente la naturaleza hizo que el río crezca y se inunden las comunidades.
"No sólo fue afectado Chipaya, también los fenómenos climáticos afectaron los municipios de Toledo y El Choro, estamos asumiendo con todos los insumos para que puedan los pobladores contar con alimentación. Este trabajo se realiza en coordinación con el Ministerio de Defensa Civil, también está colaborando el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Estamos poniendo de nuestra parte para ayudar a nuestros hermanos", sostuvo la autoridad ambiental.
Entre tanto que desde La Paz, el diputado Benigno Quispe Mamani informó que son cuatro ayllus los afectados y, se ha perdido toda la cosecha de quinua, cañahua y papa, tampoco hay pastizales para los animales.
Según informó el legislador, esta es la cuarta vez que esa región sufre los avatares de la naturaleza, aunque este año los daños son cuantiosos. Por su parte, el alcalde del municipio de Chipaya, Federico Mamani López, dijo que se encuentra muy preocupado por la inundación de esa región, y en especial porque la gente no tiene alimentos.
"La gente no tiene qué comer, por eso queremos que nos ayuden, nuestro pueblo se encuentra en una pampa pelada, por eso hemos venido para que nos ayuden inmediatamente" aseveró.
El municipio Chipaya está ubicado al sudoeste del departamento de Oruro, en la desembocadura del río Lauca.
El secretario departamental de Medio Ambiente y Madre Tierra, Félix Callata informó que una comisión se dirigió el martes a ese municipio, para evaluar los daños, pero no pudo regresar precisamente porque el agua anegó los caminos.
"La comisión no retornó, pero mediante línea telefónica avisaron que son 200 familias afectadas por lo que la ayuda va en esa cantidad. Con estas lluvias no existen los combustibles con los que ellos preparan sus alimentos, como son la bosta de ganado y leña, por lo que estamos llevando gas licuado de petróleo (GLP)", manifestó Callata.
Indicó que ayer se realizó la compra de arroz, fideo, aceite, harina y verduras, además de medicamentos y agua, para socorrer a los damnificados.
Chipaya ya se vio afectado el mes de enero y también el Gobierno Autónomo Departamental socorrió con vituallas, medicamentos y otros pero nuevamente la naturaleza hizo que el río crezca y se inunden las comunidades.
"No sólo fue afectado Chipaya, también los fenómenos climáticos afectaron los municipios de Toledo y El Choro, estamos asumiendo con todos los insumos para que puedan los pobladores contar con alimentación. Este trabajo se realiza en coordinación con el Ministerio de Defensa Civil, también está colaborando el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Estamos poniendo de nuestra parte para ayudar a nuestros hermanos", sostuvo la autoridad ambiental.
Entre tanto que desde La Paz, el diputado Benigno Quispe Mamani informó que son cuatro ayllus los afectados y, se ha perdido toda la cosecha de quinua, cañahua y papa, tampoco hay pastizales para los animales.
Según informó el legislador, esta es la cuarta vez que esa región sufre los avatares de la naturaleza, aunque este año los daños son cuantiosos. Por su parte, el alcalde del municipio de Chipaya, Federico Mamani López, dijo que se encuentra muy preocupado por la inundación de esa región, y en especial porque la gente no tiene alimentos.
"La gente no tiene qué comer, por eso queremos que nos ayuden, nuestro pueblo se encuentra en una pampa pelada, por eso hemos venido para que nos ayuden inmediatamente" aseveró.
El municipio Chipaya está ubicado al sudoeste del departamento de Oruro, en la desembocadura del río Lauca.
miércoles, 7 de marzo de 2012
La civilización pone en riesgo a los ayoreos en Paraguay
Unas huellas detalladas, los hoyos cavados para capturar tortugas y las ramas rotas no dejan lugar a dudas: delatan la presencia de la denominada “tribu escondida”, un grupo de indígenas ayoreos aislados y no contactados que -hasta hace poco- vivía en una hacienda de la región norteña del Chaco, propiedad de la rica empresa ganadera brasileña River Plate.
El Departamento de Asuntos Indígenas del Gobierno de Paraguay (INDI) confirmó la existencia de esta tribu de indígenas ayoreos en una alejada y extensa área, que abarca el terreno de la compañía ganadera, cuya explotación está poniendo en riesgo su supervivencia.
“Tienen que correr a otros lugares por la amenaza de quedar al descubierto, poniendo en peligro sus vidas”, señala un informe, citado por el diario español El Mundo, desde Asunción.
“El problema principal es la desarticulación de los ayoreos de una sociedad que históricamente les dio la espalda, por un motivo simple: siempre se resistieron a ser introducidos con calzador en una modernidad que desprecian y rechazan a todos los efectos”, explica el antropólogo Luis Andrade.
Violación de los derechos
No se puede reprochar a los ayoreos el querer vivir en su mundo. Unas imágenes captadas en 2011 pusieron de manifiesto cómo las empresas de ganado River Plate y BBC SA habían destruido 4.000 hectáreas del bosque habitado por estos indígenas, por lo que las compañías fueron imputadas.
El reciente informe gubernamental recoge una nueva violación de los derechos indígenas, ya que “el espacio es violado porque el lugar es territorio y circuito ayoreo y está alambrado en una parte. Además se han quemado y talado montes”.
La organización ayorea OPIT hizo un llamado para que se incrementen los esfuerzos en la protección de sus miembros no contactados, que son forzados a salir de sus hogares en el bosque por la actividad desarrollada por River Plate.
De todos modos, según la ONG Survival International, queda un largo camino por recorrer para que los ayoreos sean debidamente reconocidos por el E stado paraguayo.
Margot Coopersmith, de Survival, dijo a El Mundo que “ser ayoreo hoy, en Paraguay, es una señal de incuestionable espíritu de libertad y autodeterminación frente a las imposiciones de las empresas ganaderas y madereras”.
“Sólo pedimos un poco de respeto”
Ángel es dirigente de la comunidad ayorea paraguaya, residente en la capital. Desde allí intenta explicar al mundo su particular filosofía de vida.
“Sólo pedimos un poco de respeto, que se nos consulte sobre la conveniencia de utilizar nuestros territorios ancestrales para la explotación maderera. No estamos de acuerdo con el asbuso permanente del Gobierno que utiliza nuestros recursos sin consultar”.
Realidad ayorea
Aislamiento Dentro de los ayoreos los más aislados son los totobiegosodes (cuyo nombre significa “ gente del lugar de los cerdos salvajes”). Son un pueblo nómada de cazadores-recolectores. Desde 1969 muchos han sido expulsados de la selva, pero algunos todavía evitan cualquier contacto con foráneos.
Cantidad La población ayorea abarca a 4.500 o 5.000 personas, de las cuales 2.000 habitan en Paraguay y las restantes en Bolivia. Los ayoreos totobiegosodes aislados, son menos de 50 personas, por lo que las ONG piden apoyo.
El Departamento de Asuntos Indígenas del Gobierno de Paraguay (INDI) confirmó la existencia de esta tribu de indígenas ayoreos en una alejada y extensa área, que abarca el terreno de la compañía ganadera, cuya explotación está poniendo en riesgo su supervivencia.
“Tienen que correr a otros lugares por la amenaza de quedar al descubierto, poniendo en peligro sus vidas”, señala un informe, citado por el diario español El Mundo, desde Asunción.
“El problema principal es la desarticulación de los ayoreos de una sociedad que históricamente les dio la espalda, por un motivo simple: siempre se resistieron a ser introducidos con calzador en una modernidad que desprecian y rechazan a todos los efectos”, explica el antropólogo Luis Andrade.
Violación de los derechos
No se puede reprochar a los ayoreos el querer vivir en su mundo. Unas imágenes captadas en 2011 pusieron de manifiesto cómo las empresas de ganado River Plate y BBC SA habían destruido 4.000 hectáreas del bosque habitado por estos indígenas, por lo que las compañías fueron imputadas.
El reciente informe gubernamental recoge una nueva violación de los derechos indígenas, ya que “el espacio es violado porque el lugar es territorio y circuito ayoreo y está alambrado en una parte. Además se han quemado y talado montes”.
La organización ayorea OPIT hizo un llamado para que se incrementen los esfuerzos en la protección de sus miembros no contactados, que son forzados a salir de sus hogares en el bosque por la actividad desarrollada por River Plate.
De todos modos, según la ONG Survival International, queda un largo camino por recorrer para que los ayoreos sean debidamente reconocidos por el E stado paraguayo.
Margot Coopersmith, de Survival, dijo a El Mundo que “ser ayoreo hoy, en Paraguay, es una señal de incuestionable espíritu de libertad y autodeterminación frente a las imposiciones de las empresas ganaderas y madereras”.
“Sólo pedimos un poco de respeto”
Ángel es dirigente de la comunidad ayorea paraguaya, residente en la capital. Desde allí intenta explicar al mundo su particular filosofía de vida.
“Sólo pedimos un poco de respeto, que se nos consulte sobre la conveniencia de utilizar nuestros territorios ancestrales para la explotación maderera. No estamos de acuerdo con el asbuso permanente del Gobierno que utiliza nuestros recursos sin consultar”.
Realidad ayorea
Aislamiento Dentro de los ayoreos los más aislados son los totobiegosodes (cuyo nombre significa “ gente del lugar de los cerdos salvajes”). Son un pueblo nómada de cazadores-recolectores. Desde 1969 muchos han sido expulsados de la selva, pero algunos todavía evitan cualquier contacto con foráneos.
Cantidad La población ayorea abarca a 4.500 o 5.000 personas, de las cuales 2.000 habitan en Paraguay y las restantes en Bolivia. Los ayoreos totobiegosodes aislados, son menos de 50 personas, por lo que las ONG piden apoyo.
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