Además de reconocerlos, es necesario protegerlos

La organización no gubernamental Survival International trabaja hace diez años “en la adopción de medidas drásticas para combatir la deforestación ilegal y garantizar los derechos territoriales de los ayoreos, que ya llevan reclamando más de 20 años”, señala Rebecca Spooner al diario español El Mundo.

Según Spooner “está bien que el Gobierno reconozca la existencia de los ayoreos aislados en la región, pero además debe protegerlos. El contacto entre los aislados y ganaderos podría ser un desastre y es muy peligroso tanto para los indígenas como para los trabajadores. Las autoridades deben expulsar a las empresas que trabajan ilegalmente en la zona y devolver la tierra a sus propietarios ancestrales”.

Sin embargo la realidad demuestra todo lo contrario, y los ayoreos buscan su espacio.

Cultura Mollo

La cultura Mollo como se muestra en las fotografías, se encuentra en la comunidad del mismo nombre como es la de Mollo Grande, perteneciente a la segunda Sección Ayata de la provincia Muñecas del departamento de La Paz. Pese al transcurso del tiempo mantiene sus costumbres propias, así como también su vestimenta típica que se usa generalmente en fiestas patronales y fechas importantes del lugar. Los varones en su mayor parte, son los que salen a trabajar a otras provincias, o en otro caso, a la ciudad de La Paz, donde cambian de costumbres y dejan su ropa típica por otra citadina. Son los que se habitúan con el castellano, pero además hablan el aymara y el quechua, es decir, son trilingües, en cambio, las mujeres se quedan al cuidado de los niños y a cumplir con las faenas agrícolas, por esa razón mantienen su ropa típica y aun en la mayoría de los casos solo se quedan hablando quechua.

Las danzas típicas de esta cultura son: Kambraya. Whipalitas, Chunchus, Mollo, etc. La comunidad por gozar de un clima benigno se dedica al cultivo de maíz, haba, durazno, tuna, etc. Por otro lado, su vestimenta, tan singular, es realizada por ellos mismos y que es mantenida por generaciónes.

Gobierno delega a Vicepresidente diálogo solicitado por la Cidob

El ministro de Gobierno, Carlos Romero manifestó que el presidente Evo Morales asistirá a la reunión convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), si modifican la fecha propuesta, porque el jefe de Estado estará en Viena tratando la readhesión a la convención sobre estupefacientes.

Romero dijo que caso contrario, los dirigentes de la Cidob deberían reunirse con el vicepresidente Alvaro García Linera o el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Ante esta declaración, la vicepresidenta de la Cidob, Nelly Romero, manifestó su rechazo ante una posible reunión con el segundo mandatario o el Ministro de la Presidencia, porque observarían una nueva muestra de discriminación sectorial de parte del Mandatario.

“No queremos que nos tachen de intransigentes, por eso es que queremos reunirnos con el Presidente antes de ir nuevamente a la IX marcha. Lamentamos que el Presidente se comporte de esta manera, porque se da tiempo para reunirse con otros sectores o hace otras actividades pero no con nosotros, nosotros solo le pedimos una hora o dos horas”, dijo.

Por otro lado, expresó su preocupación ante la línea “separatista” y confrontadora de estas autoridades.

“En esa óptica con el Vicepresidente nada va a prosperar, él no entiende la realidad en que vivimos. El presidente Morales conoce la realidad indígena porque es un Presidente indígena, queremos un diálogo de autoridad a autoridad”, señaló.

Asimismo hizo referencia a los antecedentes “irresponsables” de Quintana, por lo que el diálogo tampoco podría prosperar.

APERTURA DE DIÁLOGO

La dirigencia indígena envió este 1 de marzo una nota escrita dirigida al presidente Evo Morales solicitando su presencia en la realización de la Segunda Comisión a Nivel Nacional Ampliada de la Cidob, con el objetivo de evaluar los acuerdos llegados entre el Gobierno y la VIII marcha indígena, así como los alcances de la Ley Corta que protege el TIPNIS (180) y la Ley de Consulta Previa (222). Dicha reunión se realizaría este próximo 11 y 12 de marzo.

“Agradecemos la invitación y manifestamos el deseo de participar del Presidente (…) Pero esos días el Presidente debe estar en Viena, en el 55 periodo de sesiones de la Convención de Estupefacientes. Como sucede con esta participación estatal internacional, estas reuniones se planifican con muchos meses de anticipación”, respondió el ministro Romero.

Romero explicó que estas reuniones son planificadas con varios meses de anticipación, por lo que solicitó, a la dirigencia indígena, en nombre del Ejecutivo modificar la fecha de reunión o en su defecto recibir al vicepresidente Álvaro García Linera o al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en lugar del Mandatario.

Sobre los anuncios de resistencia física a la consulta previa y al ingreso de las autoridades del Estado al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) el Ministro de Gobierno acusó a los indígenas de Tierras Bajas de desacato, aunque no anunció procesos.

“Hay una nota emitida por el presidente de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio de Obras Públicas y también señala que desconocen la Ley 222 a la que tachan de inconstitucional y prohíben el ingreso al TIPNIS de funcionarios públicos y cualquier autoridad pública que no tenga el permiso previo y expreso de la subcentral del TIPNIS al ser una propiedad privada colectiva. Es un reconocimiento expreso de una decisión de desacato tanto a las normas nacionales como a la investidura de las autoridades”, citó.

La dirigente indígena replicó: “Ellos han violado las normas cuando han ingresado el TIPNIS a construir la carretera. Lo único que queremos es defender nuestro territorio, es cierto que no somos los dueños, es una propiedad colectiva pero el Presidente tampoco es el dueño para que pueda entrar y hacer lo que quiere basándose en sus leyes”.

Tipnis: piden respeto de los derechos indígenas

Las exautoridades del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) se reunirán los días 10 y 11 de marzo en Oruro para definir una posición sobre el respeto a sus derechos, informó ayer Antonio Machaca.

Machaca, quien forma parte del consejo consultivo, cuestionó que el Gobierno vulnere los derechos de los pueblos indígenas con la aplicación de una post consulta para la ejecución del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

“Duele cuando el Gobierno o algunos personeros nos sindican de que estamos siendo manejados por la derecha (…), nosotros jamás vamos a prestarnos al manoseo político y en especial de la derecha”, señaló Machaca a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Explicó que el Consejo de exautoridades se conformó en diciembre de 2011 para orientar el mandato de los actuales representantes del Conamaq.

“Las exautoridades de a poco estamos rearticulándonos, ya en el mes de diciembre se conformó un consejo consultivo, eso quiere decir que nosotros tenemos que ser el apoyo de nuestras autoridades del Conamaq”, subrayó.

Asimismo, adelantó que el consejo de exautoridades visitará los 16 suyus que afilia el Conamaq para trabajar en propuestas políticas que serán presentadas al consejo de consejos de la organización matriz de pueblos de tierras altas.

“Desde los suyus se tienen que generar las propuestas políticas del Conamaq, porque el Conamaq es nuestra entidad matriz”, puntualizó Machaca.

Pobladores de la provincia Ingavi exigen pena de muerte para delincuentes

Decenas de pobladores de la provincia Ingavi protestaron el lunes en el centro de la ciudad de La Paz y pidieron pena de muerte para los delincuentes.

De acuerdo con el reporte de canales de televisión la movilización fue encabezada por los familiares de los periodistas Verónica y Víctor Hugo Peñasco, quienes murieron hace una semana en la ciudad de El Alto, en manos de cogoteros.

A esta presión se sumó otra movilización de vecinos de la urbe alteña, quienes pasado el medio día aún bloqueaban la Autopista que une El Alto y La Paz.

La demanda común de ambos grupos es la pena de muerte para los criminales, aunque según el Gobierno se descartó la posibilidad de aplicar esa medida en la legislación boliviana.

No obstante, el Ejecutivo trabaja en la implantación de planes de seguridad ciudadana, comenzando por la ciudad de El Alto, la más golpeada por la actividad criminal.

En esa línea, el vicepresidente Álvaro García Linera propuso el fin de semana poner en marcha un sistema satelital de control de los minibuses del transporte público, el mismo que sería financiado por el Gobierno.

Chipaya se encuentra en medio del agua por el desborde del río Lauca

De acuerdo a las declaraciones de los comunarios, Chipaya se encuentra en medio del agua por el desborde del río Lauca, a causa de las intensas lluvias que se registraron en los recientes días, la población de este sector pidió ayuda a las autoridades para que puedan movilizarse a la brevedad posible.

El jilacata mayor de una de las comunidades afectadas, Santiago López, señaló que Chipaya se encuentra totalmente incomunicado porque no existe acceso a los caminos.

"Estamos sufriendo inundaciones, no existe acceso a Chipaya desde el puente los caminos están tapados estamos dentro un lago, se tiene que entrar en un bote" sostuvo.

La autoridad originaria pidió a las autoridades que puedan ayudarles porque se están perdiendo cultivos de cañagua, papa, quinua y forrajes, asimismo señalaron que están sin alimentos, y tampoco tienen herramientas para contrarrestar estas inundaciones.

Ante estas contingencias, el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE) planifica los trabajos que se realizarán en el sector, para atender en la brevedad posible a los comunarios que sufrieron la pérdida de sus sembradíos, ganado y la afectación de sus viviendas.

El representante del COE, Ramiro Cáceres manifestó que mañana se comenzarán con los trabajos operativos para controlar el desborde del río Lauca.

"Se ingresará con dos brazos operativos de la Gobernación, los mismos son el Área de Prevención de Riesgos de Emergencia y el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) con el manejo de maquinaria pesada, se irán desplazando en la prevención y levantamiento de la plataforma que une el camino carretero de Huachacalla a Toledo" manifestó.

Explicó que son cinco puntos de desborde que obstaculiza el acceso al municipio en movilidades y con dificultad se ingresa caminando, por lo cual será un trabajo difícil trasladar los materiales.

Por otra parte Cáceres señaló que continúan los trabajos en el municipio de Toledo, donde se registraron nuevos puntos de desborde del río Desaguadero, por ello se trasladó al lugar contingentes policiales y defensivos manuales para contrarrestar los caudales fuertes.

De forma general, a la fecha el COE cuantifica; desbordes de río en 10 municipios, 2.101 familias afectadas, 1.335 cultivos de quinua, 459 de papa, pérdida cuantiosa en el ganado ovino a consecuencia de la falta de forraje.

Indígenas dicen que defienden constitución

El presidente de la Subcentral Indígena del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, informó que continúa con la coordinación, con organizaciones sociales y de originarios, del inicio de la novena marcha, que no sólo buscará el respeto del área, sino también el de la Constitución Política del Estado, y los derechos colectivos e individuales de los bolivianos.
Vargas denunció que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se dio a la tarea de entregar antenas parabólicas, cabinas de telefonía y materiales deportivos para “comprar conciencias” para la consulta.
“La novena marcha indígena tendrá mayor impacto y participación del pueblo en su conjunto, porque no sólo es el tema del TIPNIS. Vamos a marchar en defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. La marcha será antes de la consulta. Se quiere evitar ésta y hacer respetar el derecho colectivo de los pueblos indígenas”.
El dirigente indígena advirtió de que las comunidades asentadas dentro del TIPNIS resistirán físicamente la realización de la consulta, hecho que puede derivar en enfrentamientos.
“Hay comunidades que van a resistir la consulta, porque sus integrantes entienden que esto está totalmente fuera de lo establecido por la norma (…) Sería una resistencia física, y por ello me preocupa, y les digo que hay que resistir haciendo investigaciones del proceso administrativo, de contratación, que consideramos ilegal, para demostrar al Gobierno que hizo mal”. La marcha indígena está prevista para mediados de mes. ANF y La Prensa