La dirigencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní y el Gobierno revalidaron ayer acuerdos programáticos aprovechando el cambio de directorio de este sector.
Desde el año pasado la APG y el Gobierno llevan adelante reuniones para evaluar el pliego petitorio regional, que prioriza programas de desarrollo.
“La Asamblea del Pueblo Guaraní efectuó una visita de cortesía porque hay un nuevo directorio y ellos plantearon las demandas que tiene en una agenda de trabajo que tanto el presidente Evo morales, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Autonomías, Claudia Peña, atenderán oportunamente”, explicó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
En ese marco, el representante de la APG, Faustino Flores, señaló que la visita al Presidente y algunos Ministros fue para agilizar acuerdos suscritos desde el año pasado.
“Nosotros tenemos acuerdos programáticos con el Presidente y compromisos suscritos con los ministerios desde noviembre y diciembre del año pasado, y hemos llegado para que la propuesta de agenda sea respondida y priorizarla en el acuerdo suscrito”, dijo.
jueves, 16 de febrero de 2012
Se inicia la recolección de datos geográficos del Tipnis
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de su Unidad de Geografía, inició la recolección de datos técnicos y sociales a diversas instituciones del Estado, para conocer la cantidad poblacional, donde se llevará a cabo la Consulta Previa en el interior del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El vocal Ramiro Paredes informó que aún no tienen conocimiento de parte del Órgano Ejecutivo, el cronograma de actividades que aplicarán en el proceso de consulta, pero cuando una vez se lo tenga listo, el TSE elaborará un reglamento de acompañamiento técnico que concluirá con un informe de todo el proceso al interior de las comunidades.
La Ley de Consulta Previa fue promulgada por el presidente Evo morales, a raíz de la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que exigía la construcción de la carretera por el Tipnis, la misma que el pasado año fue rechazada por los indígenas de la Cidob, quienes a través de una masiva movilización obligaron al Gobierno la creación de la Ley Corta, que protege al Tipnis y lo declara intangible.
Transparencia en consulta. La consulta que será aplicada a las comunidades del Tipnis, ha sido rechazada por los indígenas de la Cidob, opositores y algunos sectores sociales, argumentando que no confían en el Gobierno y que esta acción sería manipulada para que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, sí atraviese el corazón del Tipnis. Ante estas declaraciones, la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Yoriko Yasukawa, pidió que la consulta que el gobierno pretende hacer a los pobladores del Tipnis, para la construcción de la carretera, "sea transparente". Sin embargo hay 15 comunidades del Tipnis, que respaldan la Ley Corta 180, según se informó después de la visita de los dirigentes máximos al interior del parque.
Cidob no va a La Paz. Los corregidores de las comunidades del Tipnis y dirigentes de la Cidob, analizan la posibilidad de invitar al presidente Evo Morales a participar de su reunión en Trinidad (Beni), para explicarle que ellos están a favor de construcción de la carretera, pero no por el centro de esa reserva natural, según destacó, Chávez ayer en una entrevista con la Fundación Tierra.
El pasado lunes, Morales, invitó a los representantes indígenas de la Cidob a La Paz, para que puedan debatir sobre la Ley Consulta 222, pero fue rechazado. Otro de los motivos de rechazo a la consulta, es porque en esta acción no se permitirá la participación de la Cidob, sin embargo, el jefe de la bancada del MAS en diputados, Roberto Rojas, admitió que la consulta para la construcción de la carretera, incluirá al Conisur que no es parte del Isiboro Sécure.
Mientras tanto, la Cidob alista lo que será la novena marcha indígena, para evitar que se realice la consulta dictada por el gobierno.
Comunidades con coca. El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, denunció que hay gran presencia de cocales en cuatro comunidades del Tipnis que se encuentran en el límite de la línea demarcatoria, que divide al polígono siete de la reserva.
El vocal Ramiro Paredes informó que aún no tienen conocimiento de parte del Órgano Ejecutivo, el cronograma de actividades que aplicarán en el proceso de consulta, pero cuando una vez se lo tenga listo, el TSE elaborará un reglamento de acompañamiento técnico que concluirá con un informe de todo el proceso al interior de las comunidades.
La Ley de Consulta Previa fue promulgada por el presidente Evo morales, a raíz de la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que exigía la construcción de la carretera por el Tipnis, la misma que el pasado año fue rechazada por los indígenas de la Cidob, quienes a través de una masiva movilización obligaron al Gobierno la creación de la Ley Corta, que protege al Tipnis y lo declara intangible.
Transparencia en consulta. La consulta que será aplicada a las comunidades del Tipnis, ha sido rechazada por los indígenas de la Cidob, opositores y algunos sectores sociales, argumentando que no confían en el Gobierno y que esta acción sería manipulada para que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, sí atraviese el corazón del Tipnis. Ante estas declaraciones, la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Yoriko Yasukawa, pidió que la consulta que el gobierno pretende hacer a los pobladores del Tipnis, para la construcción de la carretera, "sea transparente". Sin embargo hay 15 comunidades del Tipnis, que respaldan la Ley Corta 180, según se informó después de la visita de los dirigentes máximos al interior del parque.
Cidob no va a La Paz. Los corregidores de las comunidades del Tipnis y dirigentes de la Cidob, analizan la posibilidad de invitar al presidente Evo Morales a participar de su reunión en Trinidad (Beni), para explicarle que ellos están a favor de construcción de la carretera, pero no por el centro de esa reserva natural, según destacó, Chávez ayer en una entrevista con la Fundación Tierra.
El pasado lunes, Morales, invitó a los representantes indígenas de la Cidob a La Paz, para que puedan debatir sobre la Ley Consulta 222, pero fue rechazado. Otro de los motivos de rechazo a la consulta, es porque en esta acción no se permitirá la participación de la Cidob, sin embargo, el jefe de la bancada del MAS en diputados, Roberto Rojas, admitió que la consulta para la construcción de la carretera, incluirá al Conisur que no es parte del Isiboro Sécure.
Mientras tanto, la Cidob alista lo que será la novena marcha indígena, para evitar que se realice la consulta dictada por el gobierno.
Comunidades con coca. El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, denunció que hay gran presencia de cocales en cuatro comunidades del Tipnis que se encuentran en el límite de la línea demarcatoria, que divide al polígono siete de la reserva.
Indígenas peruanos rechazan consulta previa y piden cambios
Los indígenas de Perú tienen una larga lista de observaciones y rechazos a la reglamentación de la ley de consulta previa sobre proyectos que afecten sus territorios.
Sobre la base de estos puntos se va perfilando un documento coordinado en los talleres que se realizan en todo el país en el marco del encuentro nacional que comenzó el lunes 13 de febrero y que convoca a diversos sectores de la sociedad.
“Antes que aprobar el reglamento, la ley debe ser modificada porque tiene varios vacíos, como el hecho de no recoger los requisitos mínimos del derecho a la consulta previa que establecen los instrumentos internacionales”, alertó Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Pizango, quien adquirió mayor notoriedad por sus aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2011, se reunió en días pasados con dirigentes indígenas de la Amazonia para fijar una posición única en las observaciones que se plantearán al Gobierno de Ollanta Humala.
Aidesep y otras cuatro agrupaciones que participan en la comisión multisectorial, creada para elaborar con varios ministerios el proyecto de reglamento de la ley, cuestionaron el planteo de que la consulta popular ante cualquier iniciativa de explotación que se presente no se haga antes de que el Estado otorgue una concesión, sino sólo cuando avanzan los estudios técnicos de impacto ambiental.
“El Estado ha incumplido varias veces y por años lo que exige el Convenio 169 y ahora quiere seguir haciéndolo con un reglamento que tiene vacíos”, señaló Pizango a IPS, en referencia al tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989 y que entró en vigor en 1991, establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos productivos y políticas que las afecten en su desarrollo y su hábitat.
Perú nunca estableció los mecanismos para cumplir con este derecho. Sólo en agosto de 2011 se aprobó la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, como consecuencia de los enfrentamientos de 2009 entre la Policía y los indígenas de la localidad de Bagua que reclamaban este derecho.
Los dirigentes indígenas también señalan que el Estado debe considerar imprescindible el consentimiento o aceptación expresa de los pueblos indígenas antes de que se desarrollen acciones en sus territorios que puedan derivar en la vulneración de sus derechos fundamentales.
Además demandan que el Estado haga cumplir y respetar las “decisiones soberanas” de los pueblos indígenas de Perú.
Sobre la base de estos puntos se va perfilando un documento coordinado en los talleres que se realizan en todo el país en el marco del encuentro nacional que comenzó el lunes 13 de febrero y que convoca a diversos sectores de la sociedad.
“Antes que aprobar el reglamento, la ley debe ser modificada porque tiene varios vacíos, como el hecho de no recoger los requisitos mínimos del derecho a la consulta previa que establecen los instrumentos internacionales”, alertó Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Pizango, quien adquirió mayor notoriedad por sus aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2011, se reunió en días pasados con dirigentes indígenas de la Amazonia para fijar una posición única en las observaciones que se plantearán al Gobierno de Ollanta Humala.
Aidesep y otras cuatro agrupaciones que participan en la comisión multisectorial, creada para elaborar con varios ministerios el proyecto de reglamento de la ley, cuestionaron el planteo de que la consulta popular ante cualquier iniciativa de explotación que se presente no se haga antes de que el Estado otorgue una concesión, sino sólo cuando avanzan los estudios técnicos de impacto ambiental.
“El Estado ha incumplido varias veces y por años lo que exige el Convenio 169 y ahora quiere seguir haciéndolo con un reglamento que tiene vacíos”, señaló Pizango a IPS, en referencia al tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989 y que entró en vigor en 1991, establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos productivos y políticas que las afecten en su desarrollo y su hábitat.
Perú nunca estableció los mecanismos para cumplir con este derecho. Sólo en agosto de 2011 se aprobó la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, como consecuencia de los enfrentamientos de 2009 entre la Policía y los indígenas de la localidad de Bagua que reclamaban este derecho.
Los dirigentes indígenas también señalan que el Estado debe considerar imprescindible el consentimiento o aceptación expresa de los pueblos indígenas antes de que se desarrollen acciones en sus territorios que puedan derivar en la vulneración de sus derechos fundamentales.
Además demandan que el Estado haga cumplir y respetar las “decisiones soberanas” de los pueblos indígenas de Perú.
miércoles, 15 de febrero de 2012
Guaraníes de tres países se reunirán para definir su participación en IX marcha
Guaraníes de Paraguay, Argentina y Brasil, no descartan sumarse a la IX marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), así lo hizo conocer el presidente del Consejo Continental de la Nación Guaraní, Celso Padilla.
Informó que entre el jueves y el viernes tendrán una reunión con dirigentes guaraníes de los tres países para definir su participan o no de la IX marcha de la CIDOB.
Señaló que hay muchas posibilidades de que representantes de los indígenas guaraníes del Paraguay, Argentina y Brasil se sumen a la movilización, puesto que los mismos problemas se viven en esas regiones.
“En estos países también se atropellan los derechos de las comunidades originarias, no se respetan las constituciones políticas, por eso ellos (indígenas de los tres países) pretenden apoyar a los nativos de Bolivia”, manifestó Padilla.
Informó que entre el jueves y el viernes tendrán una reunión con dirigentes guaraníes de los tres países para definir su participan o no de la IX marcha de la CIDOB.
Señaló que hay muchas posibilidades de que representantes de los indígenas guaraníes del Paraguay, Argentina y Brasil se sumen a la movilización, puesto que los mismos problemas se viven en esas regiones.
“En estos países también se atropellan los derechos de las comunidades originarias, no se respetan las constituciones políticas, por eso ellos (indígenas de los tres países) pretenden apoyar a los nativos de Bolivia”, manifestó Padilla.
Cidob reitera que habrá conflictos
El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, advirtió con posibles enfrentamientos entre indígenas del Tipnis y trabajadores de la empresa OAS si esta reanuda obras en el tramo II de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Chávez rechazó, además, cualquier tipo de diálogo con el Gobierno de Evo Morales, en relación a la Ley de Consulta. "Consideramos una burla el accionar del Gobierno, para con los pueblos indígenas. Primero ni nos consultan para la construcción de la carretera y ahora nos hacen llegar una invitación, vía el viceministro César Navarro, de Coordinación con los Movimientos Sociales, para la redacción de la Ley de Consulta (Ley 222)", dijo
Chávez rechazó, además, cualquier tipo de diálogo con el Gobierno de Evo Morales, en relación a la Ley de Consulta. "Consideramos una burla el accionar del Gobierno, para con los pueblos indígenas. Primero ni nos consultan para la construcción de la carretera y ahora nos hacen llegar una invitación, vía el viceministro César Navarro, de Coordinación con los Movimientos Sociales, para la redacción de la Ley de Consulta (Ley 222)", dijo
sábado, 11 de febrero de 2012
Indígenas del TIPNIS rechazan consulta alentada por el MAS
Autoridades locales del TIPNIS rechazaron ayer la Ley de Consulta, promulgada por el presidente Evo Morales, y ratificaron que no se oponen a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, sino al tramo II que atravesará por el área protegida y reserva natural.
Los corregidores del TIPNIS, en contacto con la red ERBOL, vía comunicación de banda lateral, relataron las consecuencias de la construcción de la carretera que unirá Beni y Cochabamba por el centro del parque y las alternativas que debiera adoptar el Gobierno nacional para evitar su destrucción.
La consulta “previa” fue alentada por las presidentas de las cámaras legislativas y el Conisur.
Asimismo, las autoridades rechazaron la Ley de Consulta, que ayer fue promulgada por el Presidente, y que a partir de su publicación en la Gaceta Oficial en 120 días se realizará dicho proceso de consulta “previa”, libre e informada a las 63 comunidades del parque Isiboro Sécure.
Aunque en el territorio se prevé convocar a los corregidores y también al Gobierno nacional, si es que no asisten las autoridades gubernamentales iniciarían la IX marcha indígena.
“En el congreso de corregidores vamos a mandar una invitación al Gobierno y si en caso no viene, empezaremos la marcha”, sostuvo el corregidor de la comunidad de San Ramoncito, ubicada en las riberas del río Ichoa, Félix Tito.
A esta reunión sería convocado el presidente Morales, dijo el presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, que anuncia una resistencia humana en el TIPNIS, según radio Fides.
Desde la VIII marcha de la CIDOB insistieron que su planteamiento no fue rechazar la carretera y que toda vía de integración es positiva, mientras no afecte los territorios indígenas o un área protegida, que son los dos criterios que tiene el TIPNIS, refiriéndose al tramo II.
“No nos oponemos a la carretera, lo que no queremos es que pase por el medio de nuestro territorio”, dijo Tito.
Para los indígenas que defienden el TIPNIS, se trata de “su casa grande”, donde son dueños de las tierras colectivas y exigen respeto a sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Rechazamos esa ley de consulta”, dijo con certeza el corregidor de San José del TIPNIS, Clemente Yubanoré, pese a estas afirmaciones, la norma ya fue promulgada y en cuatro meses el Gobierno tendrá los resultados.
La consulta “previa”, libre e informada se realizará más allá de las posiciones de rechazo, manifestó la senadora del MAS Tania Melgar, “no se puede obligar a una colectividad a ejercer sus derechos (...), yo creo que no podemos obligarlos, no; con los que quieran decir lo que piensan (se realizará)”.
En criterio de los defensores del parque Isiboro Sécure, la consulta es extemporánea, ya que el Estado a través del Gobierno gestionó un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y firmó contratos con la empresa -también- brasileña OAS para la construcción de la vía, ruta que en sus tramos I y III comenzaron las obras.
Más datos sobre la consulta y el territorio
Documento Adolfo Chávez, desde Trinidad, presentó un documento con la firma de varias comunidades que rechazan la consulta “previa”.
Críticas Las organización indígenas de tierras bajas y altas repudiaron la decisión del Gobierno de dar marcha a la consulta “previa”.
Gobierno El presidente Evo Morales reivindició a los “verdaderos” habitantes del parque Isiboro Sécure, que son los marchistas del Consejo Indígena del Sur (Conisur).
Los corregidores del TIPNIS, en contacto con la red ERBOL, vía comunicación de banda lateral, relataron las consecuencias de la construcción de la carretera que unirá Beni y Cochabamba por el centro del parque y las alternativas que debiera adoptar el Gobierno nacional para evitar su destrucción.
La consulta “previa” fue alentada por las presidentas de las cámaras legislativas y el Conisur.
Asimismo, las autoridades rechazaron la Ley de Consulta, que ayer fue promulgada por el Presidente, y que a partir de su publicación en la Gaceta Oficial en 120 días se realizará dicho proceso de consulta “previa”, libre e informada a las 63 comunidades del parque Isiboro Sécure.
Aunque en el territorio se prevé convocar a los corregidores y también al Gobierno nacional, si es que no asisten las autoridades gubernamentales iniciarían la IX marcha indígena.
“En el congreso de corregidores vamos a mandar una invitación al Gobierno y si en caso no viene, empezaremos la marcha”, sostuvo el corregidor de la comunidad de San Ramoncito, ubicada en las riberas del río Ichoa, Félix Tito.
A esta reunión sería convocado el presidente Morales, dijo el presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, que anuncia una resistencia humana en el TIPNIS, según radio Fides.
Desde la VIII marcha de la CIDOB insistieron que su planteamiento no fue rechazar la carretera y que toda vía de integración es positiva, mientras no afecte los territorios indígenas o un área protegida, que son los dos criterios que tiene el TIPNIS, refiriéndose al tramo II.
“No nos oponemos a la carretera, lo que no queremos es que pase por el medio de nuestro territorio”, dijo Tito.
Para los indígenas que defienden el TIPNIS, se trata de “su casa grande”, donde son dueños de las tierras colectivas y exigen respeto a sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Rechazamos esa ley de consulta”, dijo con certeza el corregidor de San José del TIPNIS, Clemente Yubanoré, pese a estas afirmaciones, la norma ya fue promulgada y en cuatro meses el Gobierno tendrá los resultados.
La consulta “previa”, libre e informada se realizará más allá de las posiciones de rechazo, manifestó la senadora del MAS Tania Melgar, “no se puede obligar a una colectividad a ejercer sus derechos (...), yo creo que no podemos obligarlos, no; con los que quieran decir lo que piensan (se realizará)”.
En criterio de los defensores del parque Isiboro Sécure, la consulta es extemporánea, ya que el Estado a través del Gobierno gestionó un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y firmó contratos con la empresa -también- brasileña OAS para la construcción de la vía, ruta que en sus tramos I y III comenzaron las obras.
Más datos sobre la consulta y el territorio
Documento Adolfo Chávez, desde Trinidad, presentó un documento con la firma de varias comunidades que rechazan la consulta “previa”.
Críticas Las organización indígenas de tierras bajas y altas repudiaron la decisión del Gobierno de dar marcha a la consulta “previa”.
Gobierno El presidente Evo Morales reivindició a los “verdaderos” habitantes del parque Isiboro Sécure, que son los marchistas del Consejo Indígena del Sur (Conisur).
Una comunidad del TIPNIS en el Polígono 7 aún es indígena
En el Polígono 7 que es la zona colonizada del TIPNIS, decenas de indígenas fueron absorbidos por los asentamientos de cocaleros ubicados en la zona sur del Isiboro Sécure, según cita un informe de la Fundación Tierra.
Asimismo, un boletín publicado por esa institución hace referencia a los resultados de un informe sobre el estado del saneamiento del Polígono 7, presentado por el INRA Cochabamba el 20 de octubre de 2011.
La zona colonizada o Polígono 7, que es la base del Conisur, abarca aproximadamente 90.000 hectáreas, ocupadas por 61 sindicatos (propiedades individuales) y una comunidad indígena (Santísima Trinidad).
No obstante, según el informe de Fundación Tierra, cuando el TIPNIS fue reconocido como territorio indígena en 1990 y posteriormente legalizado con la entrega del título ejecutorial en 2009, incluía nueve comunidades indígenas en el Polígono 7.
Esas comunidades eran: Limo, Sasasama, Villa San Juan de Dios, San Juan Nuevo, Santa Ana, Santísima Trinidad, Fátima de Moleto, Mercedes de Lojojota y San Benito.
“Actualmente, y de acuerdo con el informe técnico del INRA (2011), dos de esas nueve comunidades están registradas como sindicatos: Sindicato Moleto y Sindicato Agrario Santa Ana. El resto ni siquiera aparece en la nómina, lo que hace suponer que han sido absorbidas por los sindicatos cocaleros”.
El estudio también señala que en relación con Santísima Trinidad, ésta sería la única que conserva su condición de comunidad indígena, “ésta ha sufrido un recorte en su superficie”.
Según se establece en un informe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), a esta localidad le correspondían 2.089 hectáreas en 2010; pero en el informe del INRA la superficie bajó a 1.912,8907 hectáreas.
El Consejo Indígena del Sur (Conisur) protagonizó una marcha en la que demandaba la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón del TIPNIS y la anulación de la ley corta que declara intangible al parque TIPNIS.
Según el INRA, el título ejecutorial de la TCO TIPNIS se entregó a las 65 comunidades que hay en ese parque y son las únicas propietarias del parque y no así el Conisur que se jacta de tener la representatividad del parque.
“El Gobierno será juez y parte”
Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, considera que el Gobierno se constituye en “juez y parte” en el proceso de consulta que pretende realizar en el TIPNIS.
“Nosotros pensamos que el Gobierno es juez y parte en este caso, no está verificado pero entiendo que el Presidente (Evo Morales) sigue siendo presidente de las seis federaciones del trópico cochabambino y en esa doble condición él tiene que velar tanto por intereses nacionales como por los intereses de su sector. Como los cocaleros y el Polígono 7 ya son parte del conflicto y explícitamente han mostrado su apoyo a la marcha del Conisur, entonces ahí ha engrosado la demanda de uno de los sectores indígenas y el Conisur no es sólo sino tiene respaldo de los cocaleros y si el Presidente es a su vez presidente de los cocaleros, automáticamente se convierte en juez y parte en este proceso” afirmó.
“Lo mejor que podría hacer para que los pueblos indígenas entiendan o acepten finalmente este proceso que propone el Gobierno, primero deberíamos informarnos y si sigue siendo para velar por la transparencia de este proceso; el presidente (Morales) debería renunciar a su condición de ser presidente de los cocaleros”.
Según la Ley de Consulta en el TIPNIS, el Gobierno será el árbitro del proceso y también es el encargado de la campaña informativa.
Asimismo, un boletín publicado por esa institución hace referencia a los resultados de un informe sobre el estado del saneamiento del Polígono 7, presentado por el INRA Cochabamba el 20 de octubre de 2011.
La zona colonizada o Polígono 7, que es la base del Conisur, abarca aproximadamente 90.000 hectáreas, ocupadas por 61 sindicatos (propiedades individuales) y una comunidad indígena (Santísima Trinidad).
No obstante, según el informe de Fundación Tierra, cuando el TIPNIS fue reconocido como territorio indígena en 1990 y posteriormente legalizado con la entrega del título ejecutorial en 2009, incluía nueve comunidades indígenas en el Polígono 7.
Esas comunidades eran: Limo, Sasasama, Villa San Juan de Dios, San Juan Nuevo, Santa Ana, Santísima Trinidad, Fátima de Moleto, Mercedes de Lojojota y San Benito.
“Actualmente, y de acuerdo con el informe técnico del INRA (2011), dos de esas nueve comunidades están registradas como sindicatos: Sindicato Moleto y Sindicato Agrario Santa Ana. El resto ni siquiera aparece en la nómina, lo que hace suponer que han sido absorbidas por los sindicatos cocaleros”.
El estudio también señala que en relación con Santísima Trinidad, ésta sería la única que conserva su condición de comunidad indígena, “ésta ha sufrido un recorte en su superficie”.
Según se establece en un informe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), a esta localidad le correspondían 2.089 hectáreas en 2010; pero en el informe del INRA la superficie bajó a 1.912,8907 hectáreas.
El Consejo Indígena del Sur (Conisur) protagonizó una marcha en la que demandaba la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón del TIPNIS y la anulación de la ley corta que declara intangible al parque TIPNIS.
Según el INRA, el título ejecutorial de la TCO TIPNIS se entregó a las 65 comunidades que hay en ese parque y son las únicas propietarias del parque y no así el Conisur que se jacta de tener la representatividad del parque.
“El Gobierno será juez y parte”
Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, considera que el Gobierno se constituye en “juez y parte” en el proceso de consulta que pretende realizar en el TIPNIS.
“Nosotros pensamos que el Gobierno es juez y parte en este caso, no está verificado pero entiendo que el Presidente (Evo Morales) sigue siendo presidente de las seis federaciones del trópico cochabambino y en esa doble condición él tiene que velar tanto por intereses nacionales como por los intereses de su sector. Como los cocaleros y el Polígono 7 ya son parte del conflicto y explícitamente han mostrado su apoyo a la marcha del Conisur, entonces ahí ha engrosado la demanda de uno de los sectores indígenas y el Conisur no es sólo sino tiene respaldo de los cocaleros y si el Presidente es a su vez presidente de los cocaleros, automáticamente se convierte en juez y parte en este proceso” afirmó.
“Lo mejor que podría hacer para que los pueblos indígenas entiendan o acepten finalmente este proceso que propone el Gobierno, primero deberíamos informarnos y si sigue siendo para velar por la transparencia de este proceso; el presidente (Morales) debería renunciar a su condición de ser presidente de los cocaleros”.
Según la Ley de Consulta en el TIPNIS, el Gobierno será el árbitro del proceso y también es el encargado de la campaña informativa.
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