La Paz - El Gobierno, a través del Decreto Supremo 0727, dispuso la transformación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC). La conversión no modificará la condición de propiedad colectiva de quienes demandaron las tierras.
La norma incluye un artículo (3) que aclara que en los casos en que un TIOC desee conformar un Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino, deberán cumplir las disposiciones de la Constitución y la Ley Marco de Autonomías. El decreto también dispone que cada territorio podrá tener un nombre propio de acuerdo a sus normas y en correspondencia con la identidad cultural de cada pueblo.
martes, 7 de diciembre de 2010
lunes, 6 de diciembre de 2010
Varias ONG proveerán alimentos a indígenas
Ante la gravedad de los efectos de la sequía en las provincias O’Connor y Gran Chaco, que está provocando la pérdida de cultivos y ganado, organizaciones no gubernamentales, en una labor coordinada entre autoridades gubernamentales, dotará de semilla de maíz y fréjol para ayudar a unas 2.500 familias. El director del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (Cerdet), Guido Cortez Franco, refirió que en este año existe una aguda mortandad de animales en la zona, mismos que yacen a las orillas del camino y sendas en su afán de encontrar agua, por lo que se coordinó el apoyo a los afectados. “Para esta actividad contamos con recursos económicos que provienen de la Comunidad Económica Europea y, en el caso de la región, son ejecutadas por las organizaciones no gubernamentales como Coopia y el Cerdet, que trabajan en esa región”, manifestó.
Cortez acotó que dentro del proyecto también se tiene previsto dotar aljibes de plástico para el almacenamiento de agua y el apoyo en el cultivo de hortalizas y huertos familiares. “En la parte de capacitación, se pretende generar y fortalecer destrezas propias de las comunidades indígenas, estableciendo un diálogo de saberes, con la incorporación de instrumentos técnicos de la sociedad que, en este caso, pueden ser compatibles con su cultura”, detalló.
Dentro de este contexto, Cortez adelantó que pretenden que los afectados fortalezcan la autogestión de su propio desarrollo, siendo uno de los principios que guíen las acciones para potencializar las organizaciones naturales y evitar la migración de la población joven hacia la ciudad de Tarija y la república Argentina.
Agregó que con las actividades de investigación y sistematización participativa, se contribuirá a visibilizar las peculiaridades de los indígenas y su conocimiento en el manejo de los recursos naturales. “El intercambio y réplica de experiencias está dirigida por las comunidades indígenas con el apoyo de las instituciones de apoyo, en lo que significa el seguimiento y transición a otras comunidades, el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas que se encuentran en las provincias O’Connor y Gran Chaco”, comentó.
Para finalizar, explicó que trabajarán en la sensibilización pública, toda vez que cuentan con una estrategia de implementación de difusión de información por los medios de comunicación sobre la cultura y realidad actual de los indígenas.
Cortez acotó que dentro del proyecto también se tiene previsto dotar aljibes de plástico para el almacenamiento de agua y el apoyo en el cultivo de hortalizas y huertos familiares. “En la parte de capacitación, se pretende generar y fortalecer destrezas propias de las comunidades indígenas, estableciendo un diálogo de saberes, con la incorporación de instrumentos técnicos de la sociedad que, en este caso, pueden ser compatibles con su cultura”, detalló.
Dentro de este contexto, Cortez adelantó que pretenden que los afectados fortalezcan la autogestión de su propio desarrollo, siendo uno de los principios que guíen las acciones para potencializar las organizaciones naturales y evitar la migración de la población joven hacia la ciudad de Tarija y la república Argentina.
Agregó que con las actividades de investigación y sistematización participativa, se contribuirá a visibilizar las peculiaridades de los indígenas y su conocimiento en el manejo de los recursos naturales. “El intercambio y réplica de experiencias está dirigida por las comunidades indígenas con el apoyo de las instituciones de apoyo, en lo que significa el seguimiento y transición a otras comunidades, el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas que se encuentran en las provincias O’Connor y Gran Chaco”, comentó.
Para finalizar, explicó que trabajarán en la sensibilización pública, toda vez que cuentan con una estrategia de implementación de difusión de información por los medios de comunicación sobre la cultura y realidad actual de los indígenas.
sábado, 4 de diciembre de 2010
Servidumbre afecta a 202 familias guaraníes
Un último diagnóstico socioeconómico sobre el pueblo guaraní da cuenta de que en el 2010 al menos 202 familias continúan viviendo en condición de servidumbre. El año 2006, otro reporte del Defensor del Pueblo señalaba que eran 120 familias las que vivían en 30 haciendas.
El Consejo de Capitanes de Guaraníes de Chuquisaca, con apoyo de varias organizaciones, realizó una encuesta para establecer las condiciones socioeconómicas y el ejercicio de derechos de la población originaria. El informe publicado este año da cuenta de que en 89 haciendas, que se llegó a empadronar durante seis meses, se halló que 202 familias continúan viviendo en condición de servidumbre.
La información fue corroborada por el capitán grande del Pueblo Guaraní, Celestino Rojas, en un seminario realizado en La Paz.
El dirigente máximo de los guaraníes del Chaco chuquisaqueño explicó que el censo se realizó en las comunidades de las provincias Hernando Siles y Luis Calvo, y no descartó que existan aun más familias en condición de servidumbre en otras 45 haciendas que no fueron visitadas.
“A pesar de la muestra recogida, se estima que el número de familias registradas alcanza aproximadamente al 70% de las familias bajo condición de servidumbre y empatronamiento en el Chaco chuquisaqueño”, dijo al presentar el diagnóstico socioeconómico y ejercicio de derechos del pueblo guaraní.
Rojas aseveró que el diagnóstico también permitió ver que muchos indígenas que salieron de las haciendas, al no tener dónde trabajar y no contar con tierras, que era la promesa que debía cumplir el Gobierno, tuvieron que volver a las haciendas, de manera voluntaria, para aceptar que no se reconozca su trabajo.
El Consejo de Capitanes de Guaraníes de Chuquisaca, con apoyo de varias organizaciones, realizó una encuesta para establecer las condiciones socioeconómicas y el ejercicio de derechos de la población originaria. El informe publicado este año da cuenta de que en 89 haciendas, que se llegó a empadronar durante seis meses, se halló que 202 familias continúan viviendo en condición de servidumbre.
La información fue corroborada por el capitán grande del Pueblo Guaraní, Celestino Rojas, en un seminario realizado en La Paz.
El dirigente máximo de los guaraníes del Chaco chuquisaqueño explicó que el censo se realizó en las comunidades de las provincias Hernando Siles y Luis Calvo, y no descartó que existan aun más familias en condición de servidumbre en otras 45 haciendas que no fueron visitadas.
“A pesar de la muestra recogida, se estima que el número de familias registradas alcanza aproximadamente al 70% de las familias bajo condición de servidumbre y empatronamiento en el Chaco chuquisaqueño”, dijo al presentar el diagnóstico socioeconómico y ejercicio de derechos del pueblo guaraní.
Rojas aseveró que el diagnóstico también permitió ver que muchos indígenas que salieron de las haciendas, al no tener dónde trabajar y no contar con tierras, que era la promesa que debía cumplir el Gobierno, tuvieron que volver a las haciendas, de manera voluntaria, para aceptar que no se reconozca su trabajo.
jueves, 2 de diciembre de 2010
Fondo Indígena contaría el 2011 con al menos Bs 450 millones
El Fondo Indígena dispondría el 2011 de un presupuesto de hasta 450 millones de bolivianos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de indígenas y campesinos. Al menos 300 millones provendrían de 950 millones que acumuló en cuatro años.
La información fue proporcionada por la directora Ejecutiva del Fondo, Elvira Parra, quien expresó, sin embargo, que los montos a requerirse y ejecutarse dependerán de los proyectos de desarrollo productivo que se aprueben.
“Pensamos ejecutar el próximo año, del monto acumulado (950 millones de bolivianos), por lo menos unos 200 ó 300 millones de bolivianos. A estos recursos se sumarán 150 millones que se presupuestó para el 2011”, precisó.
La Razón publicó el 18 de noviembre que el Fondo nació el 2005, pero que hasta el 2008 no desarrolló ninguna labor en favor de sus beneficiarios, por lo que acumuló, aproximadamente, 950 millones de bolivianos.
El Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, creado por decreto el 22 de diciembre del 2005, recibe el 5 del 37 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se asigna a las universidades, gobernaciones y a los municipios.
Parra explicó que se necesita de una ley para utilizar parte de los dineros acumulados que, aclaró, no fueron ejecutados debido a que la institución, hoy a su cargo, no contaba con la estructura institucional requerida.
Informó que el 2009 se superaron varias de las dificultades institucionales y se presupuestó alrededor de 227 millones de bolivianos, de los que se ejecutó más del 72 por ciento hasta el momento.
Los beneficiarios de los dineros del Fondo son el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), los indígenas del oriente (CIDOB), las mujeres campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las comunidades interculturales.
Parra precisó que el presupuesto final del 2011 dependerá del número de proyectos que se aprobarán en función a su viabilidad técnica. Hasta el momento se tiene registrados 700 proyectos y el plazo para la entrega de nuevos vence el 10 de diciembre.
Hasta marzo se concluirá la revisión y aprobación de proyectos, para luego presentar una ley en la que se requerirá parte de los 950 millones acumulados.
La información fue proporcionada por la directora Ejecutiva del Fondo, Elvira Parra, quien expresó, sin embargo, que los montos a requerirse y ejecutarse dependerán de los proyectos de desarrollo productivo que se aprueben.
“Pensamos ejecutar el próximo año, del monto acumulado (950 millones de bolivianos), por lo menos unos 200 ó 300 millones de bolivianos. A estos recursos se sumarán 150 millones que se presupuestó para el 2011”, precisó.
La Razón publicó el 18 de noviembre que el Fondo nació el 2005, pero que hasta el 2008 no desarrolló ninguna labor en favor de sus beneficiarios, por lo que acumuló, aproximadamente, 950 millones de bolivianos.
El Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, creado por decreto el 22 de diciembre del 2005, recibe el 5 del 37 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se asigna a las universidades, gobernaciones y a los municipios.
Parra explicó que se necesita de una ley para utilizar parte de los dineros acumulados que, aclaró, no fueron ejecutados debido a que la institución, hoy a su cargo, no contaba con la estructura institucional requerida.
Informó que el 2009 se superaron varias de las dificultades institucionales y se presupuestó alrededor de 227 millones de bolivianos, de los que se ejecutó más del 72 por ciento hasta el momento.
Los beneficiarios de los dineros del Fondo son el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), los indígenas del oriente (CIDOB), las mujeres campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las comunidades interculturales.
Parra precisó que el presupuesto final del 2011 dependerá del número de proyectos que se aprobarán en función a su viabilidad técnica. Hasta el momento se tiene registrados 700 proyectos y el plazo para la entrega de nuevos vence el 10 de diciembre.
Hasta marzo se concluirá la revisión y aprobación de proyectos, para luego presentar una ley en la que se requerirá parte de los 950 millones acumulados.
Indígenas impugnan la Ley del Mojeño
Los cuatro pueblos indígenas en la Asamblea Departamental rechazaron ayer la Ley Especial de Régimen Electoral para el Pueblo Mojeño aprobada por la agrupación Verdes y Frente Amplio.
"Esta Ley que aprobaron es inconstitucional y obedece a intereses políticos", dijo el asambleísta del pueblo chiquitano, Rodolfo López, señalando que en la Ley 026 del Régimen del Órgano Electoral se reconoce como el quinto pueblo indígena en Santa Cruz al yuracaré-mojeño por tanto presentaron una impugnación.
ES LEGAL. La Ley Departamental entrega el curul faltante al pueblo indígena Mojeño y no así al Yuracaré-Mojeño que también lo reclamaba. "Son los pueblos reconocidos en la Constitución", dijo el asambleísta de Verdes Javier Limpias negando algún interés político.
Romero posesiona a asamblea Guaraní.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, posesionó ayer a la Asamblea Autónoma Guaraní en Charagua, que tendrá la tarea de redactar su propio Estatuto Autonómico en el marco de la CPE. "Esta es una posesión formal" remarcó Romero
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Todas las personas podrán ser procesadas por justicia indígena
Proyecto: Cualquier persona podrá presentar una demanda ante la jurisdicción comunitaria o ser enjuiciada ante este fuero.
Todas las personas se harán pasibles a ser procesadas y sancionadas por la justicia indígena originaria campesina si sus actos afectan a una comunidad, según establece el proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional elaborado bajo la coordinación del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina.
El capítulo tercero de la propuesta, referido a las competencias, contempla las partes integral y colectiva de la jurisdicción indígena originaria y éstas, a su vez, se ejercerán “en los ámbitos de vigencia material, territorial y personal”.
La competencia personal no sólo reconoce a la jurisdicción indígena la facultad de conocer y resolver asuntos o conflictos entre sus miembros, sino que alcanza a otras personas.
El parágrafo segundo del artículo 13 establece que “la jurisdicción indígena originaria campesina alcanza también a personas que no pertenecen a naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuyos actos produzcan daño o afecten a estas naciones y pueblos, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”.
La jurisdicción indígena tiene competencia para conocer y resolver todos los asuntos o conflictos que regulen sus normas y procedimientos propios.
Sin embargo, hay algunos temas sobre los que no tendrá tuición y serán de exclusiva responsabilidad de la jurisdicción ordinaria. “Son los delitos contra el derecho internacional; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra; la trata y tráfico de personas; el terrorismo; los delitos tributarios y los delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado”.
La competencia territorial de la justicia indígena es un asunto que las propias comunidades deben resolver dentro de sus territorios o si los efectos de los hechos se produjeran dentro de sus ámbitos geográficos.
Además, el proyecto establece casos especiales que serán de competencia tanto de la justicia indígena como de la ordinaria, y ambas deberán coordinar acciones para resolverlos.
La cooperación entre ambas jurisdicciones se producirá en los casos de delitos referidos a corrupción, delitos contra el patrimonio público, contrabando, tráfico de sustancias controladas, crimen organizado y delitos contra la integridad y libertad sexual.
La jurisdicción que conozca primero algunos de estos casos debe informar a la otra con la finalidad de hacer efectiva la coordinación y cooperación, según se establece en el artículo 19 del proyecto.
La propuesta, que será tratada esta semana por la Asamblea Legislativa, tiene el objetivo de definir y delimitar las funciones y competencias de la jurisdicción indígena originaria campesina respecto de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otros fueros.
La jurisdicción indígena es la potestad que tienen las naciones y pueblos originarios y campesinos de administrar justicia en nombre del Estado de acuerdo con sus propias normas y se ejerce a través de sus propias autoridades. Tiene las facultades de conocer, investigar, decidir, resolver y hacer cumplir sus fallos.
Los linchamientos están prohibidosEl proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina no admitirá los casos de linchamiento como parte de la jurisdicción comunitaria. Dará protección a los menores de edad y no permitirá la expulsión de los adultos mayores ni de los discapacitados.
En la parte final del documento, la segunda disposición adicional dispone que “el linchamiento es una violación a los derechos humanos, no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado Plurinacional”.
A título de justicia comunitaria, en los últimos años se registraron casos de linchamiento en diferentes partes del país, algunos que causaron mayor impacto, como los registrados en Ayo Ayo, La Paz, donde el 14 de junio de 2004 una turba torturó y dio muerte al alcalde Benjamín Altamirano, o el asesinato de cuatro efectivos de la Policía entre el 25 de mayo y el 2 de junio en Saca Saca, norte de Potosí.
Autoridades originarias y del Gobierno reiteraron, a partir de que se conocieron esos hechos de violencia, que no se trató de la aplicación de la justicia comunitaria, por lo que se le cambió el denominativo a justicia indígena originaria campesina. Todos esos hechos fueron calificados de delincuencia común que debe ser procesada por la justicia ordinaria. Los expertos dijeron que esos hechos de violencia son una respuesta a las carencias que en materia de seguridad ciudadana ofrece el Estado.
Para destacar
La jurisdicción indígena respeta, promueve y garantiza el derecho a la vida, la defensa y otros, según el proyecto.
La propuesta de Deslinde establece que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo delito.
El fuero indígena garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres, así como su participación.
El documento prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Definiciones
Función judicial
Es única, emana del pueblo boliviano, es ejercida por las distintas jurisdicciones y sustentada en los principios consagrados en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Constitución Política del Estado.
Deslinde jurisdiccional
Es el que define y delimita las funciones jurisdiccionales y competencias de la jurisdicción indígena originaria campesina respecto de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras constitucionalmente reconocidas
Pueblos indígenas originarios
Es toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
Territorio indígena originario
Para efectos de aplicación de la presente Ley, el territorio es el espacio y entorno que las naciones y pueblos indígena originario campesinos poseen, ocupan o utilizan de otra manera, independientemente de la formalización o no de éstos en autonomías indígenas o cualquier otro tipo de unidad territorial.
Procedimientos propios de naciones
Es el conjunto de normas escritas y orales, valores propios, principios y procedimientos establecidos y desarrollados constantemente por cada nación y pueblo indígena originario campesino que define derechos y obligaciones para mantener la vida, la armonía y el equilibrio entre sus integrantes y la Madre Tierra.
Autoridad de la jurisdicción indígena
Son las mujeres y hombres responsables de administrar justicia, de manera individual o colectiva, legítimamente constituidas de acuerdo con su derecho propio.
Competencia integral y colectiva
Es la facultad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos para ejercer jurisdicción a través de sus autoridades de manera individual o colectiva en los asuntos y conflictos sometidos a su conocimiento. Es integral porque conoce y resuelve todo tipo de asuntos y conflictos regulados por las naciones y pueblos indígena originario campesinos y se concibe como un todo de acuerdo con su cosmovisión, sin que se divida por materias.
Descolonización
Es un proceso de liberación, emancipación del pensar, sentir, conocer y decidir de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Es desarmar las estructuras de desigualdad, de discriminación, de racismo, jerarquías sociales, políticas y patriarcales.
Todas las personas se harán pasibles a ser procesadas y sancionadas por la justicia indígena originaria campesina si sus actos afectan a una comunidad, según establece el proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional elaborado bajo la coordinación del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina.
El capítulo tercero de la propuesta, referido a las competencias, contempla las partes integral y colectiva de la jurisdicción indígena originaria y éstas, a su vez, se ejercerán “en los ámbitos de vigencia material, territorial y personal”.
La competencia personal no sólo reconoce a la jurisdicción indígena la facultad de conocer y resolver asuntos o conflictos entre sus miembros, sino que alcanza a otras personas.
El parágrafo segundo del artículo 13 establece que “la jurisdicción indígena originaria campesina alcanza también a personas que no pertenecen a naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuyos actos produzcan daño o afecten a estas naciones y pueblos, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”.
La jurisdicción indígena tiene competencia para conocer y resolver todos los asuntos o conflictos que regulen sus normas y procedimientos propios.
Sin embargo, hay algunos temas sobre los que no tendrá tuición y serán de exclusiva responsabilidad de la jurisdicción ordinaria. “Son los delitos contra el derecho internacional; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra; la trata y tráfico de personas; el terrorismo; los delitos tributarios y los delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado”.
La competencia territorial de la justicia indígena es un asunto que las propias comunidades deben resolver dentro de sus territorios o si los efectos de los hechos se produjeran dentro de sus ámbitos geográficos.
Además, el proyecto establece casos especiales que serán de competencia tanto de la justicia indígena como de la ordinaria, y ambas deberán coordinar acciones para resolverlos.
La cooperación entre ambas jurisdicciones se producirá en los casos de delitos referidos a corrupción, delitos contra el patrimonio público, contrabando, tráfico de sustancias controladas, crimen organizado y delitos contra la integridad y libertad sexual.
La jurisdicción que conozca primero algunos de estos casos debe informar a la otra con la finalidad de hacer efectiva la coordinación y cooperación, según se establece en el artículo 19 del proyecto.
La propuesta, que será tratada esta semana por la Asamblea Legislativa, tiene el objetivo de definir y delimitar las funciones y competencias de la jurisdicción indígena originaria campesina respecto de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otros fueros.
La jurisdicción indígena es la potestad que tienen las naciones y pueblos originarios y campesinos de administrar justicia en nombre del Estado de acuerdo con sus propias normas y se ejerce a través de sus propias autoridades. Tiene las facultades de conocer, investigar, decidir, resolver y hacer cumplir sus fallos.
Los linchamientos están prohibidosEl proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina no admitirá los casos de linchamiento como parte de la jurisdicción comunitaria. Dará protección a los menores de edad y no permitirá la expulsión de los adultos mayores ni de los discapacitados.
En la parte final del documento, la segunda disposición adicional dispone que “el linchamiento es una violación a los derechos humanos, no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado Plurinacional”.
A título de justicia comunitaria, en los últimos años se registraron casos de linchamiento en diferentes partes del país, algunos que causaron mayor impacto, como los registrados en Ayo Ayo, La Paz, donde el 14 de junio de 2004 una turba torturó y dio muerte al alcalde Benjamín Altamirano, o el asesinato de cuatro efectivos de la Policía entre el 25 de mayo y el 2 de junio en Saca Saca, norte de Potosí.
Autoridades originarias y del Gobierno reiteraron, a partir de que se conocieron esos hechos de violencia, que no se trató de la aplicación de la justicia comunitaria, por lo que se le cambió el denominativo a justicia indígena originaria campesina. Todos esos hechos fueron calificados de delincuencia común que debe ser procesada por la justicia ordinaria. Los expertos dijeron que esos hechos de violencia son una respuesta a las carencias que en materia de seguridad ciudadana ofrece el Estado.
Para destacar
La jurisdicción indígena respeta, promueve y garantiza el derecho a la vida, la defensa y otros, según el proyecto.
La propuesta de Deslinde establece que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo delito.
El fuero indígena garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres, así como su participación.
El documento prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Definiciones
Función judicial
Es única, emana del pueblo boliviano, es ejercida por las distintas jurisdicciones y sustentada en los principios consagrados en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Constitución Política del Estado.
Deslinde jurisdiccional
Es el que define y delimita las funciones jurisdiccionales y competencias de la jurisdicción indígena originaria campesina respecto de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras constitucionalmente reconocidas
Pueblos indígenas originarios
Es toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
Territorio indígena originario
Para efectos de aplicación de la presente Ley, el territorio es el espacio y entorno que las naciones y pueblos indígena originario campesinos poseen, ocupan o utilizan de otra manera, independientemente de la formalización o no de éstos en autonomías indígenas o cualquier otro tipo de unidad territorial.
Procedimientos propios de naciones
Es el conjunto de normas escritas y orales, valores propios, principios y procedimientos establecidos y desarrollados constantemente por cada nación y pueblo indígena originario campesino que define derechos y obligaciones para mantener la vida, la armonía y el equilibrio entre sus integrantes y la Madre Tierra.
Autoridad de la jurisdicción indígena
Son las mujeres y hombres responsables de administrar justicia, de manera individual o colectiva, legítimamente constituidas de acuerdo con su derecho propio.
Competencia integral y colectiva
Es la facultad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos para ejercer jurisdicción a través de sus autoridades de manera individual o colectiva en los asuntos y conflictos sometidos a su conocimiento. Es integral porque conoce y resuelve todo tipo de asuntos y conflictos regulados por las naciones y pueblos indígena originario campesinos y se concibe como un todo de acuerdo con su cosmovisión, sin que se divida por materias.
Descolonización
Es un proceso de liberación, emancipación del pensar, sentir, conocer y decidir de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Es desarmar las estructuras de desigualdad, de discriminación, de racismo, jerarquías sociales, políticas y patriarcales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)