“Por tanto, el gobierno de Evo Morales, a través de sus dos tercios, ha promulgado una ley antiindígena, lo que se puede constatar a través del artículo 10 parágrafo II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que no permite que los indígenas ni siquiera puedan administrar su justicia en lo referido al tema tierra”, explicó Quispe.
Esta explicación fue dada por el foro indígena a propósito de un reporte de la agencia de noticias argentina Infobae titulado “La justicia comunitaria respaldada por el gobierno de Evo Morales está fuera de control”. “Es al contrario”, dice Quispe al señalar que no se toma en cuenta tres aspectos esenciales para la aplicación de la jurisdicción indígena.
El primero es el ámbito territorial, eso implica que el hecho debe producirse en un ayllu, marka o suyu, ninguno de los linchamientos ocurrió en esos territorios.
El segundo aspecto es que actúen autoridades indígenas. “Es preciso que quienes administren justicia en los territorios indígenas sean únicamente sus autoridades como jilaqatas, mallkus, apu mallkus”, lo que tampoco sucedió en los crímenes cometidos” indicó.
Finalmente, deben cumplirse procedimientos propios al estar la justicia indígena consagrada en la nueva Constitución siendo un derecho de los pueblos indígenas (Art. 30 y otros).
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