Queremos afirmarlo de manera contundente para evitar que se engañe a la población", afirmó Virreira al término de una reunión de ministros del presidente izquierdista Evo Morales. El Gobierno trataba de restar importancia a la protesta de los indígenas altiplánicos, que coincidía con otra marcha de nativos amazónicos que desde fines del mes pasado avanza hacia la capital política del país exigiendo que no se realice una consulta sobre un proyecto de carretera selvática. Pero, a diferencia de los amazónicos que defienden con discursos ecologistas el parque nacional Tipnis del centro del país, los altiplánicos reclaman el derecho a ser ellos quienes exploten la reserva de Mallku Khota. Virreira dijo que representantes de Mallku Khota aseguraron al Gobierno que la mayoría de las comunidades de esa región no apoyaba la marcha, en la cual dijo que participaban principalmente campesinos que desde hace varios años extraen oro de manera ilegal y rudimentaria.
"Esta marcha el único objetivo que tiene es mantener privilegios (...) para la explotación ilegal de oro. En el fondo eso es lo que buscan", remarcó el ministro. "Los verdaderos habitantes de la región han manifestado que quieren que la empresa continúe con el trabajo de exploración, han pedido que antes de entrar a la fase de explotación se realice la consulta pública", añadió. No había una reacción inmediata de los marchistas, que pedían también la libertad de uno de los curacas o jefes indígenas de Potosí, Cancio Rojas, quien está preso desde la semana pasada acusado de encabezar una golpiza y secuestro de dos policías que protegían a personal de SAS. El activista indígena Edwin Prada, autoidentificado como asesor de Rojas, dijo el miércoles pasado que la marcha buscaba proteger lagunas que serían afectadas por la futura explotación minera y admitió que entre los indígenas potosinos había posiciones a favor y en contra del proyecto de SAS.
SAS obtuvo la concesión de Mallku Khota en el 2006, tres años antes de que Morales promulgara una Constitución que instituye la consulta previa a los pueblos indígenas. Desde fines del 2010, las concesiones mineras en Bolivia están declaradas "licencias temporales especiales" hasta que se apruebe una ley que obligará a transformarlas en contratos de asociación con la minera estatal Comibol. Una fuente de la firma canadiense dijo que ésta prevé invertir hasta el 2015 más de 50 millones de dólares en la exploración de la mina, para negociar luego el contrato de explotación.
Ese contrato estaría regido por la nueva ley minera que, según anuncios oficiales, obligaría a los privados a dejar en manos del Estado la mayor parte de las ganancias. La minería es la segunda actividad económica de Bolivia, después de la industria de hidrocarburos, y generó en el 2011 exportaciones por unos 3.500 millones de dólares, más de un tercio de las ventas totales del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario